La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves y otros seis altos funcionarios y diputados del oficialismo, por su presunta implicación en un caso de financiamiento político ilícito durante la campaña electoral de 2022.
La acusación, que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, incluye además una solicitud de levantamiento del fuero presidencial y la apertura a juicio contra los señalados.
Dos estructuras paralelas para financiar la campaña en Costa Rica
Según el comunicado del Ministerio Público, el caso involucra el uso de "dos estructuras paralelas" para canalizar fondos de forma irregular a la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el cual llevó a Chaves al poder.
Funcionarios señalados
Entre los acusados se encuentran:
- Rodrigo Chaves, presidente de la República
- Stephan Brunner, primer vicepresidente
- Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores
- Pilar Cisneros, diputada del PPSD
- Luz Mary Alpízar, diputada del PPSD
- Paola Nájera, diputada del PPSD
- Waldo Agüero, diputado del PPSD
Pugna entre poderes
La acusación surge en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado. El presidente Chaves ha acusado a la Fiscalía, Corte Suprema y Asamblea Legislativa de obstruir su agenda de gobierno, mientras los líderes de estas instituciones advierten sobre una deriva autoritaria por parte del mandatario.
La Corte Suprema deberá ahora analizar si levanta el fuero a los implicados, lo que podría abrir la puerta a un juicio histórico en la política costarricense.