Caja de Seguro Social (CSS). Foto/TR

EFE

El Ministerio Público de Panamá (MP) informó que imputó cargos por homicidio culposo a cuatro funcionarios, por el caso de la muerte de 10 neonatos que sufrieron una intoxicación aguda en un hospital de la Caja del Seguro Social (CSS) en 2013.

La Fiscalía Décima del MP acusó al Director Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, quien ejercía el cargo el 11 de junio de 2013, y a otros tres funcionarios de la misma dirección, por "el delito contra la vida y la integridad personal (Homicidio culposo)", indicó el organismo en una declaración oficial.

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La misma fiscalía, que no reveló este martes la identidad de los imputados, formuló cargos a otras 10 personas que actualmente tienen medidas cautelares de impedimento de salida del país, de notificación dos veces al mes ante la autoridad del caso, así como de obligación de no cambiar su residencia, recordó el ente fiscal.

La fuente indicó que se están realizando inspecciones a la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud y a la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social a fin de corroborar los descargos hechos por los imputados.

Estos vinculados por la Fiscalía se suman a cinco médicos y cinco farmacéuticos que fueron acusados a partir de diciembre de 2014.

La Junta Médica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que a 14 neonatos se les ingresó heparina con alcohol bencílico durante un evento de intoxicación aguda el 11 de junio de 2013.

La ampliación de un informe del caso, ratificado por la Junta Médica en cuestión el pasado mes de julio, concluyó que hay un total de 14 víctimas, de las cuales cuatro son sobrevivientes con secuelas y 10 víctimas fallecidas.

La investigación consta de 51 tomos y 24.358 hojas, con 89 declaraciones juradas tomadas a médicos, enfermeras, farmacéuticos y víctimas, y al actual Presidente de la Comisión de Medicamentos de la CSS, identificado en la prensa local como Rusbel Batista.

El pasado 27 de agosto el parlamento panameño aprobó una pensión vitalicia de 600 dólares mensuales para los bebés sobrevivientes a la intoxicación y para los padres de los 10 niños fallecidos.

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