En 1921 se produjo un debate en Panamá sobre el destino de los trabajadores antillanos que vinieron a trabajar en la construcción del Canal. La organización Gremios Unidos de Panamá -considerada como vanguardia del movimiento obrero nacional- había jugado un papel fundamental en la huelga del "silver roll" que realizaron los obreros canaleros en 1920, por lo que se esperaba su solidaridad. Sin embargo, propusieron la repatriación de los trabajadores antillanos cesantes.
El tema viene a cuento estos días en que Panamá vive una situación similar a la de la construcción del ferrocarril o la surgida durante las obras del Canal, cuando diversos idiomas y acentos se escuchaban en las calles de esta ciudad que siempre ha sido de tránsito.
Como en el pasado, esta nueva ola de migrantes que vienen al Istmo a buscar trabajo y una vida mejor, enfrenta leyes restrictivas, discursos nacionalistas desfasados, así como a los gremios -obreros, empresariales o profesionales- que parecen ignorar que vivimos tiempos de globalización y apertura.
Para algunos historiadores, el rechazo a lo diferente o la abierta xenofobia que surge cada tanto por estos lares, puede ser el resultado de la historia de discriminación impuesta primero por los descendientes blancos de los conquistadores españoles y de otras nacionalidades europeas, y por el sistema segregacionista establecido en la Zona del Canal por la administración estadounidense.
Quien pasea hoy por el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, puede ver aún los restos de la muralla que separaba la población blanca (los de adentro), de los negros y mulatos del arrabal (los de afuera). Es decir, la muralla física parece haberse convertido en muralla mental en el inconsciente de muchos panameños, y traducida luego en muralla legal desde el inicio mismo de la República, con la aprobación de la Ley 18 de 1904 que regulaba el ejercicio de las profesiones médicas y sus auxiliares. Fue sólo la primera.
Unos años más tarde, en 1923, surge la asociación "cívico-nacionalista" llamada Acción Comunal, cuyos dirigentes pertenecían a la clase media y ejercían profesiones liberales. Su lema era "hable en castellano, cuente en balboas y lea Acción Comunal" (su órgano de divulgación). Además de la lógica lucha nacionalista por la recuperación del territorio cedido para la construcción del Canal, Acción Comunal tuvo otro objetivo: oponerse al presidente Belisario Porras, quien había nombrado en importantes cargos de su gobierno a ciudadanos estadounidenses. Y parece que lo lograron.
A partir de entonces, proliferaron las leyes sobre el ejercicio de profesiones, y en todas ellas aparece el requisito de la nacionalidad panameña para su ejercicio. Enfermeras, contables, trabajadores sociales, abogados, docentes, veterinarios, químicos y un largo etcétera, son profesiones reservadas a los panameños.
El movimiento nacionalista y xenófobo tuvo su máximo exponente en la Constitución de 1941, donde se estableció el concepto de "extranjeros de razas de inmigración prohibida". Ese mismo concepto fue recogido por la Ley 24 de 1941 que reguló "el ejercicio del comercio, la explotación de las industrias y la práctica de las profesiones".
Hoy, el ejercicio del comercio al por menor está prohibido a los extranjeros, pero como dice el refrán castellano que conocemos bien los panameños, "hecha la norma, hecha la trampa". En cada barrio y cada pueblo de este país hay una tienda de abarrotes de chinos que, muchas veces, hablan con dificultad el español. ¿Cómo logran evadir las absurdas prohibiciones legales? Seguramente con triquiñuelas que implican corrupción.
El escenario nacional marcado por una fuerte "gremiocracia", se parece al de la Europa del siglo XI donde surgen las primeras asociaciones de artesanos y comerciantes con el objetivo de defender sus intereses. Así aparecen las asociaciones de sastres, tejedores, curtidores, herreros, carpinteros o albañiles, como sindicatos en los que se agrupaban de modo obligatorio, sin que se pudiera ejercer el oficio a menos que se formara parte del grupo.
Algo similar a lo intentado hace poco por los llamados abogados gremialistas y que implica una exclusión adicional al de la nacionalidad. Una "gremiocracia" que parece enfocada en la defensa de su parte del pastel, muchas veces a costa del interés general. Es decir, diez siglos después, algunos principios del medioevo gozan de buena salud en Panamá, amenazando la libertad y afectando el desarrollo del país. Si un premio Nóbel viene a vivir a Panamá no puede ser catedrático universitario. Las leyes que han ido creado las asociaciones para excluir, se lo impedirían.
FUENTE: Lina Vega
