Indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé presentaron este jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso administrativo de protección de los derechos humanos contra supuestas violaciones por parte de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) en relación al proyecto Barro Blanco.
El abogado Héctor Huertas explicó que la querella se sustenta en que en los desalojos realizados en el sector donde se encuentra ubicado el proyecto se violaron los derechos de los indígenas, "ASEP no tiene autoridad para llegar y tomar decisiones en las comarcas indígenas, la determinación de los derechos de los pueblo indígenas le conviene a las comisiones, no a desalojos forzados que se han hecho al margen de la ley", indicó.
Agregó queademás la Asep "no tiene facultades legales con respecto a las comarcas indígenas y con respecto a la determinación de estos colectivos sobre las tierras, Asep tiene facultades con respeto a derechos individuales de las tierras y esos son derechos colectivos".
En tanto Ricardo Miranda, líder Ngäbe Buglé del Movimiento 10 de abril, enfatizó que los indígenas mantendrán resistencia pacífica contra el polémico proyecto hidroeléctrico.
"Dejamos claro y responsabilizamos al señor Juan Carlos Varela, a la señora Silvia Carrera, al señor Máximo Saldaña, por este vejamen y esta destrucción de nuestro río Tabasará... nosotros no estamos pidiendo indemnización, ni estamos pidiendo migajas ni limosnas, estamos pidiendo la suspensión definitiva del proyecto Barro Blanco", puntualizó.