El uso de los fondos públicos del Parlamento panameño para donaciones y subsidios supera los 12 millones de dólares en los últimos 3 años, dijo a Efe el abogado Ernesto Cedeño, quien presentó en meses pasados una demanda de inconstitucionalidad contra esta figura "clientelista".
Los montos en concepto de donativos a personas y subsidios que otorga la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "van creciendo conforme nos acercamos al periodo electoral de 2019", indicó Cedeño basado en un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del pasado 30 de enero.
En 2014, los pagos realizados sumaron 375.696 dólares; mientras en 2015 los diputados modificaron la ley de presupuesto para estos fines y ampliaron el monto de un total de 35.000 dólares a poco más de 4 millones, y terminaron pagando 3.908.810 dólares.
En 2016 repitieron la reforma y extendieron el límite presupuestario de 676.000 dólares a casi 15 millones de dólares, de los que pagaron 8.475.912, muestra el informe.
Esta situación, para el letrado, da cuenta del "clientelismo de los diputados, que no es más que un proselitismo político descarado con los fondos públicos (...) conforme se desprende de la respuesta que me ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas".
"Esto hay que pararlo de inmediato, debido a que la función principal de un diputado panameño es la de expedir leyes, pero que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y acorde con las funciones de cada organismo público al momento de su creación", expresó.
El pasado 9 de noviembre, la Contraloría de Panamá informó de que redactó un manual de procedimientos para fiscalizar que cualquier fondo para donaciones asignado en el presupuesto de la AN sea verificado correctamente para evitar cualquier tipo de discrecionalidad.
La entidad fiscalizadora también aprobó el pasado 25 de octubre un decreto que regula los donativos o subsidios que pueden conceder los parlamentarios a través del presupuesto de la AN, por montos de entre 2.500 a 20.000 dólares.
Según esta normativa, las donaciones de ayuda para gastos varios a personas pueden ser por sumas de hasta 2.500 dólares; gastos médicos, hasta 2.000 dólares; estudios, hasta 5.000; organizaciones sin fines de lucro, hasta 10.000; ayuda a Juntas Comunales, hasta 15.000; respaldo para organizaciones deportivas, hasta 20.000; y ayuda deportiva para atletas, hasta 5.000 dólares.
Este decreto levantó suspicacias en la opinión publica y el rechazo de sectores que no lo consideran pertinente y se oponen a la medida porque promueve el clientelismo.
El abogado Cedeño es uno de los que ha atacado este decreto a través de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue admitida y está pendiente de resolver, recordó el demandante a Efe.
Cedeño indicó que si el fallo de la Corte es acorde con la opinión de la Procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell, la cual, resaltó, "coincide con la mía, entonces se declararía inconstitucional".