Víctor Orobio, defensa de Rafael Guardia Jaén, acudió este martes ante el Ministerio Público, con el objetivo de informar a los fiscales sobre la decisión de su defendido de poner a disposición de esta instancia los bienes que fueron desaprehendidos.
“Debido al rechazo y reacción negativa que diversos sectores del país han manifestado por la decisión de la autoridad competente de desaprender algunos de los bienes que tube la capacidad económica de adquirir con dineros obtenidos producto de transacciones lícitas y que sustente mediante informe de perito contable autorizado, el cual consta en el expediente; he decidido conforme a mi íntima convicción y voluntad irrevocablementes poner a disposición del Ministerio Público, los bienes y cuentas bancarias desaprendidos para que conforme al adecuado procedimiento, sean comisados e ingresen al patrimonio del Estado”, señala el documento firmado por el el exdirector del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Asimismo el escrito que será entregado por Orobio ante el Ministerio Público y que no especifica qué bienes serán puestos a ordenes de ésta instancia, Guardia expresa sus “más sinceras disculpas al país por lo que generó lo que consideré era mi derecho intentar recuperar lo que pude obtener con mi esfuerzo personal y laboral durante todos los años de trabajo fuera del gobierno y mi deber de entregar lo mal habido, pero comprendo la insatisfacción nacional, y por ello he dado este paso”.
Guardia autoriza a su abogado Víctor Orobio, a que junto a las distintas fiscalías generen los instrumentos jurídicos a efecto de llevar lo acordado ante el Juez de la causa y sugerir el comiso de estos bienes.
Cabe señalar que el juez Leslie Loaiza, del Juzgado Décimoquinto Penal, validó el pasado 13 de diciembre, un acuerdo de pena entre la Fiscalía Anticorrupción de Descarga y Guardia, en el caso de compra de granos, mediante el cual se validó la condena de 60 meses de prisión y ordenó devolverle al Estado 30 millones de dólares.
Además el juez decidió devolver al exfuncionario varias cuentas bancarias y bienes, entre éstos dos apartamentos, dos residencias; una en Costa del Este y otra en Condado del Rey, dos vehículos, y el levantamiento de las marginales de dos galeras.
Por otro lado, se comisaron otras cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, transferencias al exterior, un yate, y varios apartamentos.
La decisión del Juez Loaiza fue apelada por la Fiscalía Anticorrupción y generó múltiples cuestionamientos y críticas por parte de distintos sectores de la sociedad civil.
FUENTE: Nimay González