En Panamá, las duras condiciones de las cárceles, límites en la libertad de expresión, corrupción, falta de transparencia en el Gobierno y la discriminación a personas homosexuales, siguen afectando los derechos humanos según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos .
Condiciones de centros penitenciarios
El informe señala que las condiciones en las cárceles siguen siendo duras debido al hacinamiento, la escasez de policías, la falta de servicios médicos adecuados y las condiciones sanitarias inadecuadas.
En agosto de 2017, el Sistema Penitenciario, con una capacidad para 14 mil 167 reclusos, tenía 16 mil 114 presos, frente a aproximadamente 17 mil presos en 2016.
Los detenidos en prisión preventiva, según el documento, compartieron celdas con presos condenados debido a restricciones de espacio y las instalaciones más antiguas ubicadas en las provincias de Coclé y Veraguas carecían de agua potable y de una ventilación e iluminación adecuadas.
Por otra parte, los reclusos se quejaron de tiempo limitado fuera de las celdas y acceso limitado para los familiares, pero, las autoridades reconocieron que la escasez de personal limita el tiempo de ejercicio para los reclusos.
Además, se reitera la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de cerrar Punta Coco debido a la falta de atención médica adecuada para los reclusos.
Libertad de expresión Sobre la libertad de prensa en Panamá, el informe señala que medios de comunicación propiedad de líderes políticos y empresarios que enfrentaban procesos judiciales afirmaron que esos procedimientos limitaban su libertad de expresión y se hace mención a los casos de Riccardo Francolini, ex miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros y el presentador de noticias Fernando Correa.
Además, señala el proyecto de ley que buscaba multar a medios de comunicación que publicara material sobre violencia contra la mujer y que fue calificado como un intento de censurar y regular el contenido de los medios.
Corrupción Según el documento, la corrupción sigue siendo un problema en los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, así como en las fuerzas de seguridad.
En 2017, hubo varias denuncias de corrupción contra miembros actuales o anteriores del Gobierno Y la falta de rendición de cuentas entre la policía continuaron siendo un problema, y se menciona por ejemplo el caso donde fue desmantelada una organización de tráfico de personas y arrestaron a dos inspectores del Servicio Nacional de Migración sospechosos de recibir sobornos.
También se menciona el caso “El Gallero” y la detención de Eudocio "Pany" Pérez, alcalde de La Villa de Los Santos, su asistente, un comandante de Policía y otras siete personas por cargos de corrupción y lavado de dinero provenientes del tráfico de drogas.
Además, el informe menciona los casos del exministro de la presidencia Demetrio "Jimmy" Papadimitriu y el ex ministro de Obras Públicas Jaime Ford, ambos en la administración del expresidente de la Repúyblica, Ricardo Martinelli, detenidos en septiembre por supuestos vínculos con sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Actos de violencia, discriminación y otros abusos basados en la orientación sexual y la identidad de género
El informe recoge que las organizaciones LGBTI se quejaron de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad y malos tratos por parte de los trabajadores de salud.
Pero se destaca el trabajo dl Ministerio de Desarrollo Social con PROBIDSIDA para llevar a cabo actividades de divulgación sobre el VIH / SIDA a estudiantes de escuelas públicas de enseñanza media y secundaria.
Además la colaboración de PROBIDSIDA con el programa "Barrios Seguros" del Ministerio de Seguridad para brindar capacitación sobre el VIH / SIDA y servicios de pruebas gratuitas a jóvenes en riesgo de comunidades vulnerables.
FUENTE: Catherine Perea