El representante legal y los abogados de la empresa Bona Pacific Corp (BPC) interpusieron una querella penal en contra del contralor de la República, Federico Humbert, por el supuesto delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios públicos y abuso de autoridad.
Esto luego de la cancelación del contrato de arrendamiento por parte de la Contraloría General a esta empresa, para la construcción de una terminal petrolera de alto calado en isla Boná.
El abogado de BPC, Sergio Morales, aseguró que la compañía “se ha visto afectada con actos de extralimitación de funciones por parte del actual Contralor, quien actuando a través de terceras personas se ha valido de su posición para evitar la competencia, impedir que otra empresa entre al mercado panameño y haga una oferta”.
También se interpuso una denuncia penal contra el gerente general de Etesa, Gilberto Ferrari, por el supuesto delito de peculado, por el contrato para la mudanza de las oficinas de Etesa.
Morales asegura que las nuevas instalaciones de Etesa tienen “menos cantidad de metros cuadrados y estacionamiento, donde el Estado está perdiendo anualmente cerca de 80 mil dólares”.
El costo de las nuevas oficinas de Etesa es de aproximadamente $2.2 millones. Según la empresa, con esta mudanza se lograría un ahorro anual de 118 mil dólares.
Por su parte, Gilberto Ferrari, puntualizó en que se debe corroborar si la denuncia fue presentada y luego ver si esta es acogida por la Procuraduría General de la República.
Aseguró que tienen toda la información disponible y que el alquiler de la nueva oficina, “en comparación con la oficina existente, no es solamente menos caro, sino que es por muchos más metros cuadrados, estacionamientos y por condiciones superiores... es un edificio que tiene la infraestructura para operar de una mejor manera”.
FUENTE: Angely Marín