Dirigentes obreros aseguran que el Gobierno favoreció a los empresarios con aumento al salario mínimo.

Teiga Castrellón

Los dirigentes de los sindicatos de trabajadores del país salieron a expresar su rechazo tras el anuncio del Ejecutivo sobre el aumento al salario mínimo del 3.3%, del cual señalaron este solo refleja una parcialización del Gobierno hacia el sector empresarial.

Rafael Chavarría de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), manifestó que el presidente Laurentino Cortizo solo escuchó a los empresarios al hacer un aumento salarial tan bajo.

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"Nosotros sabíamos que la situación no iba a ser tan buena, pero nunca llegamos a pensar que iba a ser tan poca, realmente para nosotros un Gobierno que entra en este momento y que tiene hoy casualmente seis meses debió de ser más prudente con tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores y no hacerle caso a los empresarios", señaló Chavarría.

Por su parte el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, indicó que el aumento anunciado era una burla para el pueblo panameño.

"Esto en realidad es una burla para el pueblo panameño. Están hablando de un 3.3% como la gran panacea cuando también hay otros sectores que están planteando un 1%. En realidad la economía crece en este país, los empresarios se hacen cada vez más millonarios, como resulta ser que hay 115 ultramillonarios, acumulan mayor riqueza, pagan menos impuestos los empresarios en este país y los trabajadores, sus salarios son de hambre, de miseria", espetó Méndez.

El dirigente del Suntracs agregó que el Gobierno actual mostró una parcialización con los empresarios, ya que asegura actualmente el salario mínimo no alcanza para la canasta básica.

Por su parte el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) asegura que el ajuste implica aumenta la desigualdad, no responde al aumento del costo de la vida, favorece la concentración del ingreso y no propende a recuperar la pérdida del poder de compra de los salario. "Es violatorio a la Constitución y al Código de Trabajo".

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