El procurador de la Administración, Rigoberto González

Nimay González

El procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió a la queja presentada por el abogado, Ernesto Cedeño, para que se pronunciara sobre si es viable que funcionarios sean designados en más de una junta directiva de entidades del Estado y sobre el monto a pagarse en concepto de dietas. 

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En el documento de 12 páginas, González concluye que actualmente no existe en Panamá ninguna disposición legal que límite las designaciones en las juntas directivas, ni los montos en concepto de las dietas.

“No existe en el ordenamiento positivo panameño disposición legal alguna que prohíba o imponga límites al Poder Ejecutivo, para designar a un servidor público como director en varias Juntas Directivas de entidades estatales; ni normativa legal que a título omnicomprensivo imponga límites o rangos dentro de los cuales, la autoridad competente para ellos, deba fijar el monto de la dieta a pagar a los miembros de las Juntas Directivas, de los entes públicos que gozan de autonomía frente al poder central, por las sesiones a las que éstos asisten”, señala González.

Dentro de las conclusiones, agrega que al carecer la República de Panamá de una legislación marco que regule el funcionamiento de las Juntas Directivas y patronatos, su regulación ha quedado al arbitrio de cada ley orgánica, lo cual ha producido disparidad en la regulación de las mismas, tanto en la forma en que son elegidos los miembros, así como en los criterios en base a los cuales se les elige y determina el monto a pagar en concepto de dietas.

Agrega que ante la inexistencia de un criterio uniforme en cuanto a la regulación del funcionamiento de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas, se hace imperioso regular las mismas a través de una ley marco que optimice los recursos de la administración Pública a efectos que ésta pueda cumplir con las finalidades superiores para la cual fue establecido el Estado.

Añade que cualquier iniciativa legislativa encaminada a regular estos aspectos, debería fundarse en criterios de racionalidad técnica, de modo tal que, al momento de definir el perfil de los aspirantes a cargo de director y el monto que tendrán derechos a percibir en concepto de dietas por la asistencia a reuniones de una Junta Directiva.

Dicha propuesta debería contemplar elementos como la complejidad de las funciones que estarían llamados a desempeñar, la reputación y probidad del aspirante; criterios profesionales y éticos relacionados con mérito y capacidad de ofrecer destrezas o aptitudes necesarias; así como la situación general de las finanzas públicas.

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