Hospital Integrado Panamá Solidario

Nimay González

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), recomendó este viernes al Contralor General de la República no refrendar el contrato del Hospital Modular, esto en el marco de la consulta ciudadana abierta por la institución.

Según señala la Fundación en una carta enviada a la Contraloría, el refrendo sería extemporáneo y explica que la entrega de la orden de proceder sin refrendo no puede ser subsanada, y no es posible la presentación de cuentas sin un contrato refrendado, por lo que lamentablemente cada uno de los involucrados debe responder por sus omisiones, lo cual incluye el uso de un hospital como público, que no ha entrado formalmente al patrimonio del Estado, con toda la responsabilidad que esto conlleva.

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“Recomendamos por tanto que la Contraloría respete la Ley y niegue el refrendo extemporáneo y envíe nota al Ministerio Público para que inicie una investigación. Cualquier otra fórmula salomónica que busque un escape por encima de la letra de la Ley y de los principios de la transparencia y la libre competencia, será catastrófico para la confianza ciudadana y como precedente legal en las Contrataciones Públicas”, señala la nota.

Explica que en la legislación sobre Contrataciones Públicas, no hay posibilidad de convalidar la omisión del refrendo, y por ente no es posible la emisión de un refrendo luego de iniciada una obra, y menos, luego de terminada, ya que en este momento lo que se refrenda es la correspondiente cuenta a efecto de que el contratista pueda recibir su pago.

“El no otorgamiento del refrendo en su correspondiente momento, impidió que la Contraloría General de la República verificase si la contratación se realizó de acuerdo al valor de mercado, si la empresa cumplía con requisitos mínimos establecidos en la Ley sobre Contratación Pública, si la propuesta se correspondía con los términos mínimos de referencia, si la fianza cumple o no con los mínimos que señala la Ley (el artículo 79 exime de la presentación de fianza en caso de bienes consumibles como agua y alimentos, no a las obras), y la verificación extemporánea de todos estos aspectos, además de no tener sustento legal, representa un precedente negativo, que envía un pésimo mensaje a las instituciones públicas que están cumpliendo diligentemente con los procedimientos establecidos, aún en tiempos de pandemia”, recalca la Fundación.

Agrega que además de ser una obra que inició sin el debido refrendo de la Contraloría, la contratación sin competencia real y el fundamento legal utilizado, hace cuestionable la contratación, que se agrava con el procedimiento de invitación subjetivo y discrecional de la autoridad. 

“Como graves elementos adicionales consideramos la falta de transparencia en cuanto a los beneficiarios finales y la ausencia de monitoreo y prevención de los conflictos de intereses entre la autoridad y la empresa”, dicta el documento.

Asimismo cuestiona que la información puesta a disposición mediante la consulta ciudadana es parcial y las consideraciones y comentarios presentados no son propios de una revisión o auditoría de ningún tipo del proceso particular, ya que ello implicaría una revisión integral de toda la documentación, que no ha sido puesta a disposición pública.

“Son comentarios de una organización no gubernamental, no de un grupo profesional contratado para una revisión o auditoría”, puntualiza.

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