El procurador de la Administración, Rigoberto González solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), realicen las investigaciones administrativas sobre las posible ocurrencia de irregularidades dentro del proceso de contratación pública del Hospital Modular Panamá Solidario.
González a través de una Resolución N| PA/DS-233-2020 de 31 de agosto dio por concluidas las investigaciones iniciadas por dicha Procuraduría como consecuencia de las denuncias administrativas presentadas por el abogado Ernesto Cedeño y Cristian Ábrego, en representación de la Fundación Conciencia Ciudadana, por el presunto rechazo de una donación para habilitar como hospital el Centro de Convenciones Amador y la posibilidad de haber gestionado la compra de materiales de segunda para la adecuación del Hospital Modular.
De acuerdo con la resolución, una vez la DGCP tenga resultado de la investigación administrativa, debe ser remitida al Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP), a fin de que dicha entidad pueda valorar el inicio de investigaciones disciplinarias en contra de los servidores públicos integrantes de la Unidad Ejecutora del proyecto que participaron en el proceso de adquisición del hospital modular.
González considera “necesario esclarecer la participación de los funcionarios de la Unidad Ejecutora del proyecto en el proceso de adquisición de bienes y servicio para el suministro e instalación de estructuras modulares para uso hospitalario de 100 camas para atender emergencia por COVID-19 y si los mismos han podido incurrir en incumplimientos de directrices dadas”.
En ese sentido, piden a la DGCP llevar una minuciosa investigación e imponer sanciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.
El abogado Cedeño en su momento solicitó la rendición de cuentas por el presunto rechazo de una propuesta de "donación" de la empresa China Construcción América (CCA), para convertir temporalmente el Centro de Convenciones de Amador en un hospital de nivel 1 (observación) para pacientes con COVID-19, y en su lugar decidió construir el hospital modular.
Al respecto, el procurador González indicó que según lo que consta ese expediente, la sugerencia de adecuación del Centro de Convenciones Amador, no se trataba de una donación, puesto que en nota del 15 de julio, la propuesta de la empresa CCA Panamá conllevaba costos para el Estado panameño.
En la página 6 de la resolución, González señala que el caudal probatorio indica que el ministro de Obras Públicas, ejerció un rol activo dentro de las comunicaciones con la empresa CCA Building, al no haberse configurado una donación, su actuación se dio en apego al ordenamiento positivo, toda vez que su decisión de no continuar con las gestiones para la adecuación del Centro de Convenciones Amador, obedeció a la preexistencia de un sistema de atención por el Ministerio de Salud en los hoteles de la localidad.
Sobre la calidad de los materiales utilizados en el Hospital Modular, la Procuraduría de la Administración recabó que cuentan con la garantía de la empresa SmartBrix Centroamérica S.A, quienes certifican los procesos de manufactura y control de la calidad y se descarta que fuesen de segunda mano.
González destacó que aunque las actuaciones de los funcionarios de la Dirección de Mantenimiento del MOP, como Unidad Ejecutora del proyecto, así como también del personal de otras unidades técnicas que haya brindado colaboración en el desarrollo del proyecto del nosocomio, no constituyen un indicio de posibles faltas administrativas disciplinarias, "es necesario esclarecer", algunos puntos.
Tras la investigación que realice la DGCP, está tendrá que poner en conocimiento del presidente de la República, el Ministerio de Obras Públicas, Procurador General de la Nación, de los denunciantes y Contralor General de la República, este último para efecto de que determine su trascendencia en las actuaciones fiscalizadoras que lleva a cabo esa entidad, ordena el cierre y archivo de la actuación administrativa.
Las consideraciones expuestas por el Procurador de la Administración, se dan luego que la Contraloría General de la República anunciara el refrendo del contrato con la cual la empresa SmartBrix Centroamérica.
