Waleska Hormechea, solicitó al contralor, efectuar una auditoría especial a la designación de becas a funcionarios de esta y otras entidades gubernamentales, para realizar estudios de maestría en Derecho Público con Énfasis en Responsabilidad Patrimonial.
Las becas fueron financiadas con fondos públicos mediante un acuerdo suscrito con la (UP) en 2012.
De acuerdo con el informe remitido por Hormechea a Solís, más de 15 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, no han presentado documentos que acrediten la culminación de la mestría, por lo que se presume una lesión patrimonial.
El acuerdo marco suscrito en ese entonces por el fiscal de Cuentas y el rector de la UP, establecía que esta institución financiaría la maestría por la suma de 60 mil dólares, en concepto de becas que incluyen matrícula, créditos y examen general de conocimientos.
Los servidores públicos no podían renunciar a sus puestos por un periodo de dos años, luego de haber culminado sus estudios.
Hormechea sustentó su petición en un informe elaborado por la oficina auditoría interna, donde se detallan las posibles irregularidades.