El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate esta tarde el Proyecto de Ley No.644; que modifica un artículo de la Ley 92 de 1974, que adopta medidas de protección al sueldo del empleado público, que eran sujetos de secuestros y embargos debido a un tecnicismo legal.
La Asamblea explicó que según lo aprobado, las deducciones provenientes de secuestros y embargos solo pueden gravar hasta el quince por ciento (15%) del excedente del salario mínimo.
En su artículo tercero, la ley establecía que "las deducciones provenientes de secuestros y embargos sólo pueden gravar hasta el quince por ciento (15%) del excedente del salario mínimo del servidor público”.
Pero, esto se complicaba cuando en el segundo párrafo del artículo se establecía que "para los fines de esta Ley, se considera como salario mínimo aquel que no exceda un monto de cien balboas (B/ .100.00), al mes, en la ciudad de Panamá y Colón, y de ochenta balboas (B/ .80.00) en el resto del país".
Para los efectos de la Contraloría General de la República, el salario mínimo continúa siendo lo que preceptúa ese segundo párrafo, a pesar de que ese salario mínimo ha sido superado con creces y establecido en el Decreto Ejecutivo 520 de 21 de diciembre de 2016, que elevó el salario mínimo de los servidores del Gobierno central y de las entidades descentralizadas a seiscientos balboas.
Por lo que según la Asamblea había que corregir este tecnicismo, porque la decisión de la Contraloría está ocasionando graves afectaciones a los servidores públicos que son sujetos de secuestros y embargos