El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por los magistrados Adrián José Hernández (presidente), Frank Torres y Yanelka Quijano, confirmó las medidas cautelares personales impuestas a un dirigente sindical de 71 años, imputado por los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos.
La audiencia de apelación se realizó el pasado lunes 6 de octubre, y el Tribunal determinó que las medidas impuestas por el juez de garantías son necesarias y proporcionales a la naturaleza de los hechos, además de garantizar los fines del proceso. Asimismo, se indicó que no se presentaron elementos nuevos que justificaran modificar el régimen cautelar vigente.
Origen del caso y motivo de las medidas cautelares
Esta causa penal se originó en 2022, a partir de la querella presentada por Abel María Fernández Bultrón, en representación de 143 trabajadores de la construcción en Isla Bastimentos, Bocas del Toro, afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS).
El caso sigue su curso en el sistema judicial, y la decisión del Tribunal Superior refuerza la vigencia de las medidas cautelares mientras continúa la investigación penal.