El mandatario panameño, Laurentino Cortizo sancionó la Ley 258 del 26 de noviembre de 2021, que restablece a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la facultad de investigar a altos funcionarios.
De acuerdo con la ley, los magistrados de la Corte tendrán la facultad de atender las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, diputados de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la República, y los magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados.
La ley restablece la vigencia del literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial.
Esta ley fue aprobada en último debate por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 29 de octubre, y quita la competencia a la Procuraduría de la Administración y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), para atender las faltas de estos funcionarios.