La Defensoría del Pueblo entregó este 9 de abril el informe sobre la inspección realizada a 114 centros educativos a nivel nacional ante el retorno a clases presenciales.
La entidad detalla en este reporte que en su mayoría los centros educativos cuentan con las medidas de bioseguridad; pero recalca que hay "deficiencias en cuanto a los problemas de infraestructuras, observados con mayor frecuencia, están: la falta de construcción de aulas de clases, de comedores, laboratorios y cercas perimetrales; pisos destruidos, baños en mal estado, paredes rajadas y goteras en los techos; igualmente, es necesario ejecutar las fianzas de cumplimiento, en los proyectos que están paralizados".
Además la Defensoría explica que se verificó la dificultad con el suministro de agua potable, muchos de los centros educativos no cuentan con tanques de reserva, vital en esos momentos de pandemia; en la parte eléctrica, también presentan problemas de fluctuaciones, debido a que el sistema eléctrico data de muchos años; en un número importante de centros educativos se identifican sillas dañadas, falta de tableros e insumos para los salones de laboratorio y de acceso a internes.
El informe también da cuenta del capital humano, indicando que la entidad rectora de derechos humanos constata la necesidad de personal administrativo en la mayoría de las escuelas, sobre todo de Trabajadores Manuales y Celadores.
Señala la Defensoría que la Institución Nacional de Derechos Humanos recomienda capacitar a los Directores/as de los centros educativos a nivel nacional, sobre el procedimiento para el uso del FECE, así como priorizar lo indicado en el presente informe, referente a las condiciones en que se encuentran algunos colegios, destinando los recursos económicos para subsanar estas falencias, con énfasis a los que se encuentran en las Comarcas y áreas rurales.
También pide que se haga un llamado a la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Conep) y demás gremios a que sensibilicen a sus agremiados en cuanto al gran número de obras y contratos no cumplidos y abandonados.
Finalmente la entidad destaca que las inspecciones realizadas por los oficiales de Derechos Humanos de la Dirección de Protección de Derechos Humanos y por los regionales de la Defensoría del Pueblo, cubrió un total de 114 centros educativos a nivel nacional; en la provincia de Bocas del Toro (4); en Veraguas (11); en Los Santos (9); en Herrera (4); Coclé (16); en Panamá Norte (19); Panamá Oeste (5); en Colón (7); en Chepo (4); Darién (4); Chiriquí (5); San Miguelito (12); Panamá Centro (9); Comarca Embera Wounaan (4) y en Comarca Ngábe-Buglé (1 centro educativo).