Una comisión de la Defensoría del Pueblo viajará el próximo lunes a la provincia de Bocas del Toro, en medio de una investigación que se efectúa por denuncias sobre supuestas esterilizaciones sin consentimiento a mujeres indígenas.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc dijo que la comisión estará integrada por él, la Defensora Adjunta, el director de Protección de Derechos Humanos y los directores de Mujer y Legal.
Leblanc explicó que la investigación que se adelanta es en el ámbito de derechos humanos, “sería una investigación del país, tenemos que confirmar que no sea una práctica del país, y confirmar si es una práctica de doctores”.
Indicó que ya se ha establecido contacto con la dirección regional de la Defensoría del Pueblo en esa provincia y han girado notas a los hospitales.
“Estamos por investigar posible trato cruel inhumano, me gustaría hablar de supuesto porque no tenemos pruebas fehacientes en estos momentos, no puedo decir que existe ese trato y tampoco puedo decir que es una práctica que realiza el Gobierno, el Estado panameño a nacionales o extranjeros, es muy delicado”, sostuvo Eduardo Leblanc.
Advirtió que de confirmarse estos hechos se estarían violentando varias convenciones de las cuales Panamá es signatario, y la Defensoría del Pueblo a nivel interno le corresponderá presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación, y en la vía internacional se deberá hacer de conocimiento a la alta comisonada de Derechos Humanos.
Leblanc también advirtió que estas denuncias sobre supuestas esterilizaciones sin consentimiento se dan a conocer en momentos en que Panamá es examinada por una comisión de Naciones Unidas.
“Esto podría echar al traste cualquier avance que ha hecho Panamá a favor de la mujer y en contra de la discriminación”, manifestó.
Ayer Leblanc solicitó a la diputada suplente, Walkiria Chandler información sobre estas denuncias.
Durante una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional la diputada suplente Chandler reveló denuncias de supuestas esterilizaciones sin consentimiento que hicieron a mujeres de comunidades indígenas en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.