Los consumidores panameños podrían tener nuevas herramientas para exigir la devolución total del dinero pagado por un producto o servicio si este no cumple con lo ofrecido, de aprobarse el proyecto de ley 650.
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El proyecto plantea que el comprador pueda solicitar el reembolso íntegro cuando el bien o servicio adquirido no corresponda con las condiciones ofrecidas o no cumpla con determinadas expectativas razonables.
¿Cuándo podría el consumidor exigir la devolución total del dinero?
De acuerdo con la propuesta, el consumidor tendría derecho a solicitar el reembolso total del precio pagado en situaciones como las siguientes:
- Cuando el producto presente defectos de fabricación.
- Cuando el bien o servicio no corresponda con las características anunciadas.
- Cuando la empresa incumpla una publicidad, promoción, garantía u oferta realizada al consumidor.
- Cuando el comprador reciba un producto diferente al que adquirió.
La propuesta busca reforzar la protección del consumidor y establecer mayores garantías frente a productos o servicios que no cumplan con las condiciones bajo las cuales fueron ofrecidos.
¿Qué pasa si una empresa incumple?
El proyecto establece que el incumplimiento de las disposiciones podría generar sanciones administrativas, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan.
Las multas contempladas en la iniciativa podrían oscilar entre B/.1,000 y B/.50,000, dependiendo de factores como la gravedad de la infracción, la reincidencia y el perjuicio ocasionado al consumidor.
De esta manera, la propuesta no solo contempla la posibilidad de recuperar el dinero pagado, sino también establecer consecuencias administrativas para quienes incumplan las normas de protección al consumidor.
¿La devolución total ya es obligatoria en Panamá?
No. Este punto es importante.
El proyecto de ley 650 todavía se encuentra en proceso de análisis en la Asamblea Nacional, por lo que las modificaciones planteadas no constituyen una nueva obligación vigente para las empresas.
La mesa técnica deberá continuar evaluando la propuesta antes de que esta avance dentro del proceso legislativo correspondiente.
De aprobarse, las nuevas disposiciones modificarían el marco de protección establecido en la Ley 45 de 2007 y podrían ampliar las herramientas disponibles para los consumidores que reciban productos o servicios que no correspondan con lo ofrecido.
