Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 14:20

Ministerio Público pide la pena máxima para empresarios por presunta estafa de más de $1 millón

El Ministerio Público presentó una acusación contra dos empresarios por presuntamente estafar a inversionistas extranjeros con más de $1 millón.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra los empresarios Guiseppe Cicatelli y Sandro Salsano por el presunto delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, en perjuicio de inversionistas extranjeros.

La acusación fue presentada por la Fiscalía de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico, Estafa y otros Fraudes de la Fiscalía Metropolitana ante el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Como parte de su solicitud, el Ministerio Público pidió la pena máxima de 10 años de prisión para ambos empresarios, debido a la gravedad de los hechos investigados.

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Ministerio Público: Investigación supera el millón de dólares

De acuerdo con la acusación, el monto relacionado con la presunta estafa supera $1 millón.

La Fiscalía sostiene que Cicatelli y Salsano formarían parte de un grupo que también es investigado en otras jurisdicciones y cuyo supuesto modus operandi consistiría en presentarse como inversionistas inmobiliarios para captar dinero de terceros, sin posteriormente desarrollar los proyectos ofrecidos.

Estas circunstancias son parte de los elementos que sustentan la acusación por presunta estafa agravada.

¿Quiénes son Cicatelli y Salsano?

Según la información proporcionada, Guiseppe Cicatelli es un empresario e inversionista de origen italiano y fundador y presidente de Bacalia Group, un conglomerado internacional dedicado a inversiones.

En Panamá, el grupo mantiene operaciones relacionadas con inversiones de capital privado en la región latinoamericana, de acuerdo con los datos incluidos en la acusación.

En el caso de Sandro Salsano, la información señala que es esposo de Johana Shahani, por lo que la acusación también plantea posibles repercusiones sobre la reputación del Grupo Shahani.

El proceso se encuentra en manos del Órgano Judicial, que deberá evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar lo que corresponda conforme a derecho.

La solicitud de 10 años de prisión constituye una petición de la Fiscalía y no una condena contra los empresarios, por lo que corresponde al Órgano Judicial determinar su responsabilidad penal dentro del proceso.