Luego de que en redes sociales se hicieran denuncias sobre supuestos tratos inapropiados contra varios profesionales del derecho en el primer control de seguridad externa en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que dio inicio a una investigación.
“Una vez conocido el incidente, la DGSP hizo los contactos correspondientes con la Policía Nacional para deslindar responsabilidades y contactó al Colegio Nacional de Abogados para, en armónica colaboración, lograr la coordinación debida en los procedimientos de revisión en los centros penitenciarios”, detalla.
Cabe mencionar, la abogada Norma González hizo la denuncia sobre el trato al que fue sometida en la cárcel de mujeres.
Asimismo, El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, señaló a través de redes sociales “denuncias de Profesionales del Derecho donde ‘a una colega la metieron en un cuarto y un caballero lo pusieron hacer ranitas’ para poder entrar al Centro Femenino de Rehabilitación”, y cataloga esta acción como “un irrespeto y es denigrante para los profesionales del derecho”, frente a lo cual exige una investigación y las sanciones correspondientes contra ese abuso..
En tanto, la DGSP manifiesta “la institución es garante del libre ejercicio de la profesión del derecho, en cumplimiento con el protocolo establecido para visitas de abogados a centros penitenciarios”.
Por su parte, el comisionado Luis García, jefe del Servicio Policial de Seguridad Penitenciaria, aseguró que al revisar los registros de la institución se observa que "la Policía Nacional ha cumplido a cabalidad con el procedimiento y reglamentación vigente para las personas que ingresan al centro penal en concordancia con la legislación penitenciaria vigente, respetando los derechos humanos de toda persona, lo cual desvirtúa lo señalado y deploramos estas manifestaciones tendenciosas con evidente mala intención, por lo que la institución procederá ante las autoridades competentes a formalizar las acciones judiciales correspondientes en contra de todas estas personas que sin motivación alguna divulgan hechos falsos".