El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, uno de los gestores del proyecto de Ley 726, que crea el certificado negociable para pago de prima de antigüedad de los servidores públicos, señaló que es incongruente el veto que el presidente Laurentino Cortizo ha hecho sobre esta normativa a la que no sancionó por inconveniente e inexequible.
El diputado añadió que ya algunas instituciones tienen el presupuesto necesario para este pago y se están haciendo todas las revisiones para el pago de la prima de antigüedad a los trabajadores públicos que ya tienen este derecho.
"Esta ley que pretendía hacer un financiamiento de segundo piso, que significa que el Estado panameño hace un documento negociable, le paga al trabajador y al cabo de, como lo planteaba la ley, 2025 - 2026, el Estado le paga a los bancos respectivos que le hayan redimido esos documentos negociables a los empleados públicos", acotó el diputado.
Ávila indicó que ya preveía, desde la discusión del proyecto en segundo debate, que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, objetaría la ley, en vista de que no respondió sus consultas y jamás envió a un representante a la Asamblea para participar del debate del proyecto.
"Este evento es totalmente incongruente, por qué, porque si el señor Presidente reconoció la necesidad del pago de una ley, como lo es la prima de antigüedad, vetarlo por inconveniente e inexequible es un abuso que vienen cometiendo los asesores de la Presidencia de la República porque o es inconveniente o es inexequible, o sea no puede ser las dos cosas a la vez y estos términos los han venido usando frecuentemente estos asesores en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, yo le mandé, creo que en el año 2020, al señor ministro de Economía y Finanzas una nota para que dijera a cuántos servidores públicos se les adeuda esta prima de antigüedad, nunca se respondió la nota y en todos los debate aque hizo la Comisión de Bienestar Social, el Ministerio de Economía jamás mandó a su representante", aseguró Ávila.
El diputado señala que el Estado ya mantiene la deuda y ve como incongruente que el MEF pregunte ahora de dónde se van a sacar los fondos para pagar los documentos y acotó que continuarán insistiendo en este proyecto de ley en vista de que es un derecho de los funcionarios que ya es ley.