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Presentan demanda de inconstitucionalidad contra ley sobre facturación electrónica

La demanda fue presentada por el Colegio Nacional de Abogados, el Movimiento de Contadores Públicos y la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá.

El recurso lo presentó el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, el Movimiento de Contadores Públicos y la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap).

Juan Carlos Araúz, presidente del CNA, explicó que están demandando específicamente la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, indicando que la misma fue inconsulta, “se aprobó a tambor batiente en tres días consecutivos, sin invitar a ningún sector profesional” y desatendiendo el Artículo 40 y 17 de la Constitución de la República.

Están exigiendo que esta ley sea derogada.

"El Estado tiene que respetar el ejercicio de las profesiones liberales, de los artistas, de los artesanos y de quienes ejercen distintos oficios. Esta manifestación de rechazo, que se replica en todo el país, tiene como propósito reclamar a la justicia que se pronuncie, los límites de cualquier gobierno están en la Constitución y la Constitución la tenemos que hacer respetar nosotros, la petición es muy clara, diputado Gonzalo González, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, presente el proyecto que deroga la inclusión de los profesionales en una obligación inconsulta, ningún gremio profesional fue consultado, nadie ha dado su consentimiento y no lo aprobaremos", enfatizó Araúz.

Durante la presentación del recurso, un grupo de personas y representantes de estas organizaciones realizó una protesta en los predios del Palacio de Justicia Gil Ponce, gritando pancartas y gritando consignas como “abajo la factura electrónica”, “sin lucha no hay victoria”, y “exigimos respeto”.

https://twitter.com/ecotvpanama/status/1478047500909133829

Cabe mencionar que el pasado 28 de diciembre la Fedap y el CNA indicaron en un comunicado que su rechazo firme y categórico contra la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, sobre medidas tributarias, al considerar que atenta contra el ejercicio de la libre profesión, contemplada en el Artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá.

“La norma citada es inconstitucional, inconsulta, inconveniente, selectiva, y a espaldas de los profesionales idóneos, de las diferentes ciencias de nuestro país… esta norma tributaria, impositiva y autoritaria, violenta el ejercicio de las profesionales liberales en nuestro país, son políticas erróneas y que de seguro obedecen a medidas desesperadas en contra de los panameños, que trabajan para sobrevivir diariamente… está medida busca beneficiar a cuatro empresas, que son las únicas autorizadas y registradas para brindar este servicio, lo cual genera sospechas, en torno a lo que parece ser, un abierto negocio, a costillas de los profesionales panameños”, enfatizaron.

Añadieron que además, representa una violaciin a la confidencialidad cliente - profesional, debido a que la Dirección General de Ingresos (DGI) pretende obligar al profesional a generar un documento que reporte de forma automática, el negocio o asunto que trata con el cliente.

“Lejos de reforzar la tributación y el pago de impuestos, fomenta la clandestinidad, para proteger con celosía, el secreto profesional y el ejercicio profesional independiente… remarcamos que esta medida no solo ha sido inconsulta, sino que también pretende, ser impuesta a sangre y fuego, con un calendario estrecho, sin contar con una reglamentación, que también resultaría inconstitucional e ilegal, pues estaría en conflicto, con las leyes que regulan el ejercicio de cada profesión liberal y con lo establecido en la excerta constitución”, recalcaron.