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Presidente electo Mulino solicita al contralor Solís bloquear indemnización al gerente de ETESA

El presidente electo José Raúl Mulino solicita al contralor que bloquee la indemnización de $249,000 al gerente de ETESA.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente electo, José Raúl Mulino, ha solicitado al contralor Gerardo Solís que no refrende el pago de más de 249 mil dólares al gerente de ETESA, Carlos Mosquera, en concepto de "indemnización" por su desvinculación del cargo mediante un supuesto "mutuo acuerdo".

El trámite para este pago fue ingresado esta semana al sistema de la Contraloría General de la República, generando controversia y una fuerte reacción por parte del próximo mandatario.

Presidente electo denuncia de abuso de fondos públicos

En un mensaje publicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Mulino expresó su oposición a este tipo de acuerdos, argumentando que los cargos con un período de cinco años, especialmente aquellos de libre remoción o de funcionarios de confianza, deben concluir al final del mandato, el 30 de junio.

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Mulino enfatizó que no se permitirán "novedosas" maneras de terminar tales cargos a través de fórmulas como los mutuos acuerdos, calificándolos como un abuso contra los fondos de la nación."Solicito al Contralor que estas u otras fórmulas no sean pagadas", escribió Mulino en su publicación, destacando su firme postura contra el uso indebido de recursos públicos.

Reacciones y Expectativas

La solicitud de Mulino ha generado una intensa discusión en el ámbito político y en la opinión pública, reflejando preocupaciones sobre la transparencia y el manejo adecuado de los fondos estatales.

La decisión final del contralor Solís sobre el pago solicitado será observada de cerca, ya que podría sentar un precedente importante para futuros casos similares.

Contexto del Caso

Carlos Mosquera, el gerente de ETESA, había acordado su salida del cargo bajo términos que incluían una indemnización significativa. Sin embargo, la intervención de Mulino busca impedir el desembolso de estos fondos, argumentando que tales prácticas son inaceptables y perjudiciales para el erario público.