Alfredo Monagas, promotor de inversiones, considera que la decisión del Ejecutivo de derogar la ley de incentivos turísticos se tomó por falta de "profundidad en el análisis" y "por presión".
Según Monagas, “pareciera que la ley le genera un costo al Estado, pero es totalmente lo contrario, es el único o de los pocos incentivos con los que el Estado recupera lo invertido”.
La tarde del lunes 25 de julio el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Comercio e Industrias (MICI), Federico Alfaro, a presentar ante la Asamblea Nacional la derogación de las leyes 122 y 314 sobre incentivos turísticos.
Alfaro explicó que el proyecto, que solo contiene dos artículos, es de orden público, de interés social y tiene efectos retroactivos.
VER NOTA: Consejo de Gabinete autoriza derogación de leyes sobre incentivos turísticos
Esta derogación surgió como parte de medidas presupuestarias por la situación que atraviesa el país.
Estas leyes reconocerían como crédito fiscal el 60% del valor total de nuevos proyectos de hospedaje público turístico o ampliaciones de los existentes hasta el 31 de diciembre de 2024 y aplicaría para todos los proyectos que estuvieran inscritos en el Registro Nacional de Turismo y fuera del distrito de Panamá.
Tras el anuncio de la intención de derogación de la ley, alrededor de 40 empresas presentaron su solicitud de certificación a la Autoridad de Turismo (ATP) de Panamá para beneficiarse.
Ahora, es la Asamblea Nacional la encargada de definir si estas empresas registradas recibirán o no el beneficio.