Una condena de 60 meses de prisión fue dictada para un total de siete personas por delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
También se estableció la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término a la pena de prisión, la cual comenzará una vez cumplida la pena principal.
Detalla que en la sentencia la juez sustentó que los hechos declarados probados son constitutivos del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado; se trata de un comportamiento delictual que requiere para su configuración que exista una sustracción o malversación de efectos o caudales públicos que estuvieren en custodia o administración, respecto de los cuales se ejercen actos de autoridad; además los siete ciudadanos condenados ostentaban cargos en organizaciones sindicales y los elementos que configuran el tipo penal atribuido han sido procesados en la jurisprudencia patria.
Asimismo indica que si bien los sancionados “no ejercían cargos dentro del Mitradel, representaban legalmente a entidades sindicales encargadas de administrar el fondo suministrado por el Instituto Panameño de Estudios Laborales, el porcentaje del 5% de la recaudación del seguro educativo, el cual tiene como objetivo contribuir con la capacitación sindical y el desarrollo de la educación social y económica del trabajador y empleador panameño”; y agrega que “este tipo penal reprocha y castiga a quien defrauda las expectativas de la función estatal de custodia y administración de bienes, toda vez que los sujetos autores menoscabaron el patrimonio estatal, lo que quedó acreditado con el informe de auditoría realizado, debidamente ratificado”.
"En el fallo condenatorio, la juzgadora manifestó que admite la prueba documental presentada por el licenciado Antonio Vargas; rechaza de plano el incidente de nulidad presentado por el licenciado Vicente Chillambo; niega el incidente de nulidad y solicitud de suspensión condicional del proceso, presentado por el licenciado Carlos Fuentes; y también niega el incidente de nulidad absoluta presentado por la licenciada Rosario Granda de Brandao", añade la entidad.
Cabe mencionar que "la investigación del Ministerio Público surgió a raíz de una denuncia presentada por la exministra de trabajo Alma Cortes, para el 21 de abril de 2010, señalando que el Instituto de Estudios Laborales, que es una unidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entregó grandes sumas de dinero a los gremios sindicales confederados, sin que hayan presentado informes del uso del dinero provenientes del Seguro Educativo descontando a los trabajadores del país. Según informe de la Contraloría General de la República se encontraron incongruencias y gastos con fines distintos a lo establecido en el Decreto que regula el Seguro Educativo, sin que los dirigentes sindicales pudiesen sustentar la suma superior a B/.261,000.00", explicó el Ministerio Público.
