Panamá Nacionales -  16 de junio 2021 - 09:21hs

Vista Fiscal de caso Renovación del Patrimonio Histórico es remitida al Órgano Judicial

En la vista fiscal del caso Renovación del Patrimonio Histórico se pide llamamiento a juicio para 3 personas naturales, 6 funcionarios, y sobreseimiento para 1.

Linda Batista
Por Linda Batista

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público (MP) de Panamá remitió este miércoles 16 de junio al Órgano Judicial, la vista fiscal del caso Renovación del Patrimonio Histórico, pidiendo llamamiento a juicio para 9 personas y sobreseimiento para una, por el delito de peculado y corrupción de funcionario.

Piden llamamiento a juicio para 9 personas en caso Renovación del Patrimonio Histórico

Entre las nueve personas vinculadas hay 6 servidores públicos, quienes fungieron como Ministro, Director de Administración de Contratos y la Comisión Evaluadora; y 3 personas naturales, quienes fungieron como intermediario y representantes de empresas que se contrataron para la fijación de los precios de referencia y asesoramiento de la comisión evaluadora.

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1405167348638748672

Esta vista fiscal, que consta de 32 tomos, fue remitida este lunes al Juzgado Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, según indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público, se acreditó en la investigación que todas las empresas concursantes se pusieron de acuerdo para hacer que la constructora ganara la licitación, y que fue la constructora ganadora la que confeccionó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el pliego de cargos sobre el que se basó la Licitación.

En esta causa se estableció un perjuicio al Estado en razón de sobreprecio por un monto de B/. 51,496,740.00 en el proyecto Renovación del Patrimonio Histórico iniciado en el año 2011.

Esta investigación, que se lleva a cabo con la coordinación de las Fiscalías Anticorrupción del Reino de España, inició en abril de 2017, luego que se presentara una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht, empresa que se habría servido para blanquear dinero procedente de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones entre 2009 y 2015.