La presidenta enfrenta un proceso de destitución. La economía está en caída libre. El país resiente todavía un escándalo de corrupción.
Con ese escenario en Brasil, los organizadores se preparan para realizar los Juegos Olímpicos del año próximo en Río de Janeiro. Por lo pronto, esta semana reportarán sus avances más recientes ante el Comité Olímpico Internacional.
La peor recesión que haya enfrentado Brasil desde 1930 tiene ya un impacto sobre los Juegos. Se ha recortado el presupuesto del comité organizador y se contempla la eliminación de algunos servicios previstos. Incluso se llegó a discutir si los atletas tendrían aire acondicionado gratuito en la Villa Olímpica.
Los organizadores de Río viajan a Lausana para una reunión de tres días por parte de la junta ejecutiva del COI, a partir de este martes.
Aunque en el último año se han mitigado las preocupaciones sobre las demoras en la construcción de obras para realizar los Juegos, el presidente del comité organizador Carlos Nuzman enfrentará presiones a fin de que garantice al COI que la crisis política y económica no descarrilará la planificación para los primeros Juegos Olímpicos efectuados en Sudamérica. La inauguración está prevista para el 5 de agosto de 2016.
Hace siete años, cuando se otorgó la sede a Río, Brasil era un gigante emergente con una economía en boga. Ahora, la mayor economía de América Latina se hunde, el real ha perdido un tercio de su valor este año, el producto interno bruto se ha desplomado, la inflación se acerca al 10% y el desempleo linda el 8%.
Además, estalló un escándalo por sobornos en Petrobras, la petrolera estatal.
Y la semana pasada se anunció que se abrirá un proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, cuyos índices de aprobación se han derrumbado a cerca de 10%. La solicitud de proceso fue presentada por un rival político, con base en acusaciones de que el gobierno de Rousseff infringió las leyes de responsabilidad fiscal al emplear dinero de los bancos estatales para cubrir lagunas presupuestarias y pagar el gasto social.
Rousseff niega categóricamente las acusaciones, y la mayoría de los analistas políticos considera que sobrevivirá al proceso.
Pero al menos el impacto económico ya ha afectado los Juegos.
Los organizadores tratan de recortar 2.000 millones de reales (530 millones de dólares) o casi 30% del presupuesto operativo de 7.400 millones de reales (1.900 millones de dólares).
"Estamos discutiendo con nuestros socios, particularmente con el COI, qué tipo de niveles de servicio podemos reducir", dijo la semana pasada el vocero Mario Andrada. "En cuanto no comprometamos los Juegos, la calidad de las competiciones ni la experiencia del público, buscaremos una mayor eficiencia".
La semana pasada, los organizadores llegaron a mencionar que los deportistas tendrían que pagar por el uso del aire acondicionado en la Villa Olímpica. Pero unos días después, aclararon que ese servicio sería gratuito.
Por separado, los organizadores no firman todavía un contrato con una empresa privada que suministraría electricidad para los Juegos. Ello significa que el suministro se obtendría sólo de generadores temporales.
Persisten también las preocupaciones sobre la contaminación del agua en las sedes de la vela, el remo y el canotaje en Río. Una nueva serie de pruebas por parte de The Associated press encontró que las aguas usadas para competir están más ampliamente contaminadas de lo que se creía y representan un mayor riesgo de salud para los atletas.
CONFLICTO EN MÉXICO
El COI revisará también una disputa que ha puesto en duda la participación de México en Río 2016. El conflicto involucra al gobierno mexicano y a varias federaciones deportivas del país.
La Carta Olímpica se opone a la interferencia de los políticos en los organismos deportivos. En octubre, el COI suspendió al comité olímpico de Kuwait por una interferencia gubernamental.
Hay pasos para resolver la situación en México, donde los funcionarios gubernamentales niegan que haya una amenaza inminente de sanciones.
FUENTE: AP
