Comercializadora colombiana DMG niega vínculos ilegales

BOGOTA (AFP). La comercializadora colombiana DMG que el gobierno cerró por sospechas de captar dinero ilegalmente y de lavar activos del narcotráfico con el pago de altos rendimientos, rechazó este martes las acusaciones y lanzó una oferta de conciliación que fue rechazada por éste.

"Nosotros no somos criminales ni estafadores, ni una 'pirámide' (empresa ilegal captadora de dinero)", aseguró desde Panamá a la radio Caracol de Bogotá David Murcia, fundador y representante de la empresa que ofrece rendimientos de hasta 150%.

Según Murcia, el cierre -la madrugada del lunes- de 60 oficinas de la empresa en 20 ciudades colombianas afecta a unas 200,000 familias que invirtieron sus recursos en DMG, que sus directivos aseguran es una comercializadora y no una captadora de dinero que opera en forma ilegal.

Después de las declaraciones de Murcia, el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, rechazó cualquier posibilidad de negociar con la compañía.

Sin embargo, posteriormente el representante legal de la compañía en Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella, presentó en una conferencia de prensa en Bogotá a un grupo de inversionistas extranjeros de la firma quienes lanzaron una oferta de conciliacion al gobierno del presidente Alvaro Uribe.

"El gobierno tiene la solución en sus manos. Estamos autorizados para ofrecer que haya una coadministración de la empresa con el gobierno con el único objetivo de salvaguardar el dinero de los colombianos", aseguró el abogado.

El jurista señaló que el gobierno no puede "fundamentarse en rumores y en chismes si el material probatorio y la realidad procesal revelan otra situación" y dijo que la firma demandará al gobierno por lo que consideró "una extralimitación legal".

"Acudiremos hasta al tribunal celestial y estamos seguros que la Corte Constitucional (de Colombia) dirá que las medidas adoptadas por el gobierno son inconstitucionales. En consecuencia, si no somos vencidos en juicio, el Estado estará obligado a repararnos", advirtió.

Por su parte, dos de los socios extranjeros de la empresa -el canadiense Alexander Altshoul y el brasileño Alexandre Ventura, que compraron franquicias de la marca para Brasil y Panamá-, explicaron el modelo del negocio y aseguraron que no hay nada ilegal en él.

"El tema es de una gravedad que ameritaba la declaratoria de emergencia. Ahora vamos a saber cuántos miles de familias estaban en el tema de las piramides pues es posible que estemos pasando las 500,000 familias vinculadas a estas cadenas de estafas", dijo a la AFP, Hernán Andrade, presidente del Congreso.

Andrada señaló que este es una tema "muy grave para la economía colombiana" y que su impacto negativo para las arcas de los colombianos "todavía no se ha medido". "Me temo que va a ser muy pequeña la suma que se va a recuperar", sentenció.

El lunes, el gobierno de Alvaro Uribe ordenó el cierre de DMG como parte de una serie de medidas para tratar de solucionar la crisis creada por la estafa de miles de colombianos que invirtieron sus dineros en 'pirámides financieras' de captadoras ilegales de dinero que cerraron sus puertas.

El gobierno anunció la realización de una alocución presidencial "pedagógica", en la que el propio Uribe explicará la noche de este martes el alcance de las decisiones adoptadas frente al tema de las pirámides.

En algunas ciudades del país, como Mocoa (sur), Tunja (centro) y Popayán (suroeste), clientes de DMG se manifestaron en favor de la empresa asegurando que ésta les ha respondido rigurosamente, según declararon algunos de ellos a telenoticieros.

Según las autoridades, en Colombia operan dos centenares de 'pirámides', un esquema fraudulento que ofrece rentabilidades de hasta 300% en pocos meses, usando el dinero invertido por nuevos clientes hasta que quiebran.

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