BUENOS AIRES (AP). Un tribunal confirmó este miércoles el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa en el marco de la causa en la que fue imputado como responsable de la muerte de cinco manifestantes durante protestas que tuvieron lugar en diciembre de 2001.
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el sobreseimiento del ex mandatario de los delitos de homicidio y lesiones, informó el Poder Judicial.
Un juez de primera instancia se había pronunciado en el mismo sentido en junio pasado, cuando decidió no procesar a De la Rúa, pero la decisión fue apelada.
El 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjeron en la Plaza de Mayo y calles adyacentes de esta capital violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que protestaban contra medidas económicas y financieras dispuestas por el gobierno, cada vez más debilitado políticamente.
La represión policial causó la muerte de cinco manifestantes y precipitó la renuncia de De la Rúa.
El ex presidente afirmó en su defensa que nunca ordenó el desalojo de los manifestantes y que éste se produjo por una orden judicial y fue aplicado por la policía federal.
Al argumentar su decisión, dos de los tres jueces de Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal destacaron que De la Rúa no tomó "decisiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior, en particular alguna que indicara que se debía impedir la congregación de manifestantes en la Plaza de Mayo, dejando el manejo de la cuestión en los órganos que tenían competencia específica en la materia".
Agregaron que el entonces presidente "podía confiar en que cualquier abuso o incorrecto desempeño de la policía federal sería controlada e informada por quienes se desempeñaban como secretario de seguridad interior, Enrique Mathov, y/o ministro del interior, Ramón Mestre". En tanto, un tercer juez del tribunal voto en disidencia con sus colegas y propuso revocar el sobreseimiento del ex mandatario y disponer su procesamiento por homicidio y lesiones culposas.
Señaló que De la Rua "quedó en posición de garante respecto de la vida e integridad física de los ciudadanos a raíz del modo en que se condujo durante la implementación del estado de sitio".