VENEZUELA Internacionales -  20 de marzo 2014 - 16:52hs

Venezuela: dispersan manifestación con gases, agua

Agentes de la policía antimotines dispersaron el jueves con gases lacrimógenos y carros lanza agua una manifestación de miles de personas en Caracas, en rechazo al arresto de dos alcaldes de la oposición.

Algunos de los manifestantes, en su mayoría estudiantes, arrojaron objetos a los uniformados. Pudo observarse que jóvenes afectados por los gases eran atendidos por sus compañeros con trapos empapados en vinagre.

Los manifestantes se habían concentrado en las inmediaciones de uno de los principales bancos del país, al este de la ciudad, en rechazo a la detención la víspera del alcalde de San Cristóbal en Táchira, Daniel Ceballos, y el de San Diego en Valencia, Vicencio Scarano.

No se reportaron heridos o muertos.

Posteriormente, jóvenes montaron barricadas y se apostaron debajo del Puente de las Mercedes, cercano al lugar de concentración.

Ceballos esperaba el jueves que la justicia decida si será traslado a su localidad o juzgado en Caracas. Scarano, en tanto, fue condenado a cumplir 10 meses y 15 días de prisión por desacatar la orden del gobierno nacional de que desalojara las barricadas en su localidad.

Los arrestos se dan en el marco de una ofensiva del gobierno de Nicolás Maduro para obligar a los alcaldes díscolos a evitar el cierre de vías durante las protestas contra el gobierno que desde hace un mes generan duros enfrentamientos en Venezuela.

"Los jueces que emitieron la orden en San Cristóbal están reunidos decidiendo si lo trasladan o lo dejan en Caracas", dijo a The Associated Press Ronni Pavolini, el asistente de Ceballos, quien indicó que en la madrugada del jueves fue visitado en la prisión por varios correligionarios de Voluntad Popular, el partido del que forma parte.

Pavolini informó que la ciudad de San Cristóbal estaba paralizada el jueves aunque la alcaldía seguía operando bajo el mando del director general de la misma, Sergio Vaca.

Ceballos fue detenido pocas horas después de fuertes disturbios que dejaron, según testigos consultados por AP, más de una docena de heridos en la localidad de Rubio, también en Táchira.

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, dijo que Ceballos enfrentaría cargos por los presuntos delitos de "rebelión civil y agavillamiento", que implica el concurso de varias personas para cometer un delito.

Durante las protestas Ceballos había sido muy franco en sus críticas a la represión de las fuerzas de seguridad en su localidad, que además de ser un bastión de la oposición fue el germen de las manifestaciones que se han multiplicado por toda Venezuela.

Paralelamente, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el miércoles el encarcelamiento y destitución de Scarano por desacatar una medida cautelar para impedir las "guarimbas", como se llama aquí a las barricadas. El director de la policía de esa localidad, Salvatore Lucchese Scaletta, también fue llamado en desacato. Ambos fueron condenados a cumplir 10 meses y 15 días de prisión.

El abogado de Scarano, Alfonso Medina Roa, dijo en entrevista telefónica con AP que Scarano fue sometido a un "juicio exprés" y el proceso se hizo "sin ningún tipo de reglamentación". Agregó que fue "condenado sin juicio, fue condenado sin acusación".

Paralelamente, el gobernador oficialista de Carabobo, Francisco Ameliach, dijo que en la madrugada del jueves fue saqueado un comercio de carnes, incendiada una tienda y un camión de carga de combustible en San Diego. "Grupos terroristas que fueron sembrados y protegidos en San Diego por sus autoridades", señaló Ameliach en su cuenta de Twitter al hablar de los responsables de los incidentes, sin ofrecer detalles.

Los opositores llamaron a movilizaciones en todo el país ante la ofensiva del gobierno. Durante una conferencia de prensa el ministro Rodríguez Torres dijo que los opositores no habían solicitado autorización para las marchas.

Otros alcaldes también están enfrentando llamados de atención o amenazas de encauzamiento.

Maduro aseguró repetidamente que si los alcaldes opositores de esos municipios no toman acciones para evitar el bloqueo de las vías serían objeto de "medidas judiciales" en su contra.

"Estas decisiones son órdenes de justicia, no es el gobierno quien decide detener a nadie", dijo durante una conferencia de prensa el ministro Rodríguez Torres.

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, protagonizan desde febrero protestas callejeras contra la galopante inflación -que en el segundo mes del año alcanzó una tasa anualizada de 57,3%-, la escasez de bienes básicos y la creciente criminalidad.

Maduro, de 51 años, rechaza las protestas, a las que considera parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.

El bloque oficialista, que ganó por amplia mayoría las elecciones municipales de diciembre, se ha mantenido cohesionado en medio de la crisis política y económica que enfrenta el país. En medio de la tensa situación, Maduro ha contado con el apoyo de la Asamblea Nacional, que es controlada por el oficialismo, el Poder Judicial y la fuerza armada.

Las protestas han dejado al menos 28 fallecidos, entre ellos cuatro guardias nacionales, además de 365 heridos y más de 1.000 arrestados, de los cuales sólo permanecen detenidos 106, a los que les abrieron proceso.

Una de las directoras del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, anunció el jueves que próximamente se presentará una propuesta de cronograma para llamar nuevamente a elecciones y elegir un nuevo alcalde en sustitución de Scarano.