PERÚ Internacionales -  24 de marzo 2014 - 18:37hs

Policía dispersa con gases lacrimógenos marcha de mineros informales en Lima

Cientos de mineros informales y artesanales, que protestaban contra un ultimátum del gobierno peruano para que formalizaran su actividad, se enfrentaron este lunes en el centro de Lima con la Policía, que los dispersó con bombas lacrimógenas.

La marcha de los mineros chocó con un férreo cordón policial, que desde la madrugaba del lunes cerraba las calles que dan acceso al Palacio de Gobierno, al Poder Judicial y al Congreso.

Según la Policía, los manifestantes, que llegaron hacen cuatro días a Lima y duermen en la Plaza Dos de Mayo (lugar de concentración y mítines de los trabajadores), no cuentan con permiso para las marchas.

La protestas de mineros informales, que suman unos 70.000 en todo Perú, se desarrollan simultáneamente en varias ciudades del interior del país y pretenden que se modifique el plazo para adecuarse a la ley.

"El 19 de abril es el último día para que los mineros informales presenten su solicitud de formalización, así como los certificados laborales y ambientales respectivos", dijo a la prensa Daniel Urresti, alto comisionado del gobierno para la Interdicción y Formalización de la Minería.

Señaló que el gobierno continuará firme en la decisión de combatir la minería ilegal, debido a los graves daños que causa al medio ambiente y a la salud de las personas.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó el lunes que inició el diálogo con los representantes de los mineros informales del departamento de Arequipa (sur), luego que estos se comprometieran con sus bases a no volver a bloquear rutas.

Un violento enfrentamiento entre mineros y policías dejó el sábado al menos once heridos (cuatro policías y siete mineros), cuando los efectivos desbloquearon una carretera en el sur de Perú, según autoridades locales.

La minería ilegal, que realizan pequeños mineros que trabajan por su cuenta o por un salario de un empresario, genera al año 29.000 millones de dólares, que equivalen a más del 12% de lo que genera el narcotráfico, según el gobierno peruano.