El Gobierno chileno sostuvo hoy que "todas las opiniones son respetables", en respuesta a los dichos del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien llamó a pronunciarse en contra del aborto, tras el envío del Ejecutivo del proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo en tres casos específicos.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que le bajó el perfil a las declaraciones del religioso, dijo a los periodistas que "todas las opiniones son muy respetables".
"Este es un país democrático, todo el mundo se puede manifestar no es nada nuevo lo que estoy diciendo, lo importante es hacerlo con altura de miras y en un debate en el marco de tolerancia, respeto, de la diversidad que expresa Chile", añadió.
Ezzati llamó este miércoles a los laicos chilenos a ser "los primeros responsables de la acción pública" contra la iniciativa de despenalización de la interrupción del embarazo propuesta por la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
"Nosotros hemos pedido a los laicos es que sean los primeros responsables de la acción pública. Los obispos no estamos llamados a hacer manifestaciones, estamos llamados a defender la vida, a proclamar la dignidad de la vida y, en el ámbito propiamente social y político, los laicos tienen una tarea indispensable", afirmó el prelado.
Ante estas declaraciones, Peñailillo agregó este jueves que "todos los actores tienen algo que decir, bienvenido el debate en el marco de un debate como lo ha pedido la presidenta, de tolerancia, de respeto, de una discusión madura y creo que eso le hace bien a Chile".
"Por supuesto la Iglesia tiene una opinión en ésta y otras materias y la dará, el Gobierno tiene la suya y la ha expresado y la ha hecho carne en un proyecto ley", afirmó el jefe de gabinete de la mandataria socialista, quién recordó que en marzo comenzará el trabajo legislativo en este ámbito.
El pasado 31 de enero, Bachelet, envío al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, una de las principales iniciativas planteadas en su campaña presidencial.
La mandataria recordó que su país tuvo una importante tradición jurídica en este ámbito, pero fue interrumpida arbitrariamente en los últimos días de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El tema del abortó saltó fuerte a la palestra en la primera semana de enero, cuando la hasta entonces ministra de Salud Helia Molina declaró que "en todas las clínicas cuicas (adineradas) de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas".
La titular de Salud criticaba así la postura de los grupos políticos y sociales más conservadores, contrarios a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto.
Y también la hipocresía de "las personas que con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos".
El rechazo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo procede principalmente del partido ultraderechista Unión Demócrata Independiente y de la Iglesia, en un país donde el 72 % de la población se declara católica, pero sólo un 14 % se declara practicante.
Además, el proyecto viene precedido por la petición de la Democracia Cristiana, uno de los partidos que conforman la coalición oficialista Nueva Mayoría, de contemplar las causales del aborto en indicaciones separadas para su discusión en el Congreso, una moción que el Gobierno no tomó en cuenta.
