El gobierno guatemalteco anunció este viernes la salida del país de 10 funcionarios de una misión antimafias de la ONU, a quienes les revocó las visas y retiró la inmunidad diplomática, mientras la justicia analiza varios recursos planteados contra su expulsión.
En un comunicado, la administración del presidente Jimmy Morales confirmó la salida de los investigadores que forman parte del equipo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que ha pedido investigar al mandatario por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.
Los funcionarios habían sido notificados el martes de que tenían 72 horas para abandonar el territorio guatemalteco después de anunciar que, tras revocarles las visas de cortesía en octubre, perdieron "los privilegios e inmunidades" que les permitían seguir en el país.
Inicialmente, la orden del gobierno era contra 11 investigadores de la Cicig, pero la medida no aplicaría para uno de ellos por asuntos familiares, según la prensa local.
Antes del anuncio oficial, el tribunal constitucional anunció que este viernes analizará varias acciones presentadas por miembros de la sociedad civil para revertir la orden del gobierno.
Por su lado, Matías Ponce, vocero de la Cicig, dijo a periodistas que los funcionarios salieron de "vacaciones".
El ente de la ONU ha señalado que la medida contra los investigadores "busca afectar la independencia" del organismo en su trabajo para atacar a los grupos criminales.
Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto del año pasado una posición hostil contra la Cicig, luego de que la comisión y la fiscalía pidieran quitarle los fueros presidenciales para investigar sospechas de financiamiento electoral ilícito en su campaña de 2015.
El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, de sobrepasar sus funciones y ordenó expulsarlo del país, por lo que en setiembre le impidió ingresar a Guatemala tras un viaje a Estados Unidos.
En agosto, Morales había anunciado que no pediría una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que funciona desde 2007.
El gobierno guatemalteco sostiene que Velásquez y la comisión son una "amenaza a la paz" y que se extralimitaron en sus funciones.
La Cicig cobró relevancia en 2015, tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa, además de dar luz a otros casos de corrupción.
FUENTE: AFP