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Procuraduría de Brasil pide suspensión de polémico proceso de Corte Suprema

La Procuraduría General de la República de Brasil solicitó la suspensión, "por ilegal e inconstitucional", de un proceso que la propia Corte Suprema de Justicia abrió para investigar supuestas falsas noticias, calumnias y amenazas contra los miembros de ese tribunal.

En un parecer enviado el miércoles al Supremo Tribunal Federal (STF) y divulgado este sábado por el Ministerio Público, la procuradora general de la República, Raquel Dodge, aseguró que la Corte Suprema, al actuar al mismo tiempo como víctima, acusador y juez en tal proceso, se convierte en "tribunal de excepción".

La procuradora, por lo mismo, solicita la inmediata anulación de la investigación ordenada en mazo pasado por el presidente del Supremo Tribunal Federal, magistrado José Antonio Dias Toffoli, luego de que los jueces de la máxima corte manifestaran rechazo contra críticas que recibían en las redes sociales.

La decisión causó en su momento una intensa polémica debido a que la investigación fue abierta sin que lo pidiera la Fiscalía y a que el magistrado al que fue encomendada la polémica investigación, Alexandre de Moraes, determinó como primera medida la censura de dos portales en internet que supuestamente divulgaban calumnias contra los magistrados de la Corte Suprema.

De Moraes ordenó retirar de la internet informaciones publicadas por el portal O Antagonista y por la revista electrónica Crusoe que supuestamente sugerían que el presidente del Supremo estaba vinculado con asuntos de corrupción.

El magistrado levantó la censura pocos días después tras protestas de todos los organismos de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos pero prosiguió en la investigación.

Pese a que la procuradora ya había solicitado la suspensión del proceso en un primer parecer que divulgó a mediados de abril, la Corte Suprema se negó a atender la solicitud y mantuvo una investigación, que es realizada bajo total sigilo y sin participación de la Fiscalía.

La titular del Ministerio Público volvió a pronunciarse contra el proceso esta semana al ofrecer su parecer sobre una denuncia en la que la Asociación Nacional de Procuradores de la República (ANPR) le exigió a la Corte Suprema suspender de forma cautelar para todos los efectos la decisión inicial de Dias Toffoli.

Dodge consideró válidos los argumentos de la ANPR y concluyó que, la investigación, de la forma como fue instaurada, viola los dispositivos del sistema penal acusatorio instituido por la Constitución de 1988.

La procuradora argumento que el órgano responsable por la acusación no puede ser el mismo que juzga y que los jueces solo pueden ordenar investigaciones en caso de que las mismas sean solicitadas por la Fiscalía o la Policía.

"La usurpación de competencia constitucionales reservadas a miembros del Ministerio Público y su investigación por parte de un verdadero tribunal de excepción evidencian las ilegalidades señaladas", alegó Dodge en su parecer.

La polémica por este caso aumentó esta semana luego de que miembros del Supremo ordenaran que la Policía le entregara a la Corte copia de todo el material incautado a cuatro personas acusadas de haber interceptado ilegalmente conversaciones en aplicaciones de mensajería de al menos mil personas, desde el presidente Jair Bolsonaro hasta jueces y fiscales.

Entre tal material, según versiones de prensa, figuran mensajes en que fiscales en casos contra la corrupción supuestamente critican a miembros de la Corte Suprema.