Rafael Correa

EFE

Trece expresidentes de América Latina expresaron su "preocupación" por la descalificación del partido Compromiso Social, identificado con el correísmo, de cara a las elecciones de 2021 en Ecuador, en una carta abierta difundida por el movimiento afín Revolución Ciudadana (RC).

"Expresamos nuestra honda preocupación por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales ecuatorianas con el objetivo de proscribir a la agrupación política denominada 'Revolución Ciudadana', en la que participa el expresidente Rafael Correa, junto a destacados dirigentes políticos ecuatorianos", dice la misiva.

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Firmada nominalmente por exmandatarios como Cristina Fernández (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay), Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil) o Ernesto Samper (Colombia), el texto difundido por RC trata de advertir sobre decisiones tomadas recientemente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador.

Y menciona que "en los dos últimos años, le fue negada en tres ocasiones la autorización para obtener vida jurídica" al movimiento RC.

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"Finalmente, el martes 15 de septiembre, el CNE eliminó del Registro de partidos políticos a 'Fuerza Compromiso Social', la agrupación en la que la Revolución Ciudadana había encontrado un espacio de participación y ya había iniciado las actividades con miras a las próximas elecciones de febrero del 2021".

La decisión, por un incumplimiento de disposiciones en el trámite de inscripción, según el CNE, fue tomada asimismo contra otros tres partidos: Justicia Social (lista 11), Libertad es Pueblo (lista 9) y Podemos (lista 33), aunque estos no son mencionados en la carta abierta.

Según el CNE, la eliminación de los cuatro se "realizó bajo estricto apego al Código de la Democracia, una vez cumplido el debido proceso de descargo y el derecho a la defensa por parte las organizaciones en mención".

Pero para los exmandatarios, "esta eliminación se produce después de cuatro años que esa agrupación política fuera aprobada legalmente, de haber participado en tres procesos electorales y dos días antes del período de inscripción de candidaturas", indica el documento publicado por RC.

Y consideran que "lo más grave es que estas decisiones estatales violan lo expresamente contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (art. 25 y 26), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA (art. 16 y 23) y en la Constitución de Ecuador (art. 11 y 95), que garantizan el derecho a la libre asociación, a la no discriminación y a la participación política de la ciudadanía".

Otros de los firmantes nominales, pues en el documento no aparecen sus firmas, son los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Manuel Zelaya (Honduras), Álvaro Colom (Guatemala), Tabaré Vázquez y José Mújica (Uruguay), Martín Torrijos (Panamá), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y Leonel Fernández (República Dominicana).

Además de ocho excancilleres, entre ellos, el chileno José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, el brasileño Celso Amorin, y el uruguayo Rodolfo Nin Novoa.

En su escrito, los firmantes también muestran su preocupación por el que el CNE pueda llegar a prohibir la participación del ]"Centro Democrático", otra agrupación en la que el correísmo ha encontrado "un nuevo espacio de participación con la que inscribirán a sus candidatos en los próximos días".

"Un vocal del CNE ha hecho declaraciones en el sentido de que no aceptarían la inscripción de Centro Democrático alegando preceptos legales inexistentes, lo que devendría en quebrantamiento de la democracia y marginación de millones de ecuatorianos que han expresado su voluntad de apoyar al proyecto político de la Revolución Ciudadana", agregan.

Y exhortan "a las autoridades ecuatorianas a respetar los principios y normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva en el Ecuador".

El proceso electoral en Ecuador pasa estos días por la fase de inscripción de candidaturas, después de que la semana pasada se convocara oficialmente a elecciones el próximo 7 de febrero.

El proceso ha exacerbado las tensiones políticas con acusaciones de la izquierda correísta de que se les intenta cerrar el paso a los comicios, aunque la presidenta del CNE, Diana Atamaint, asegura que cualquier decisión se tomara en base a principios jurídicos y constitucionales.

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