La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, reeligió el miércoles como presidente de la Corte Suprema de Justicia a Óscar López Jerez, un abogado supuestamente alineado al mandatario.
Los 14 diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuatro del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el único diputado del partido Nuestro Tiempo votaron en contra. Los opositores criticaron el proceso por considerar que “Bukele está concentrando más poder”.
“Hoy se culmina un proceso iniciado el 1 de mayo que busca la concentración del poder. Buscan tener una Corte Suprema de Justicia. Esta madrugada se consolida la concentración del poder con la elección de una Corte servil e ilegal”, dijo la diputada Dina Argueta, del FMLN.
El presidente Bukele dijo en su cuenta oficial de Twitter que las decisiones tomadas por los diputados “son TOTALMENTE LEGITIMAS" y que se había tratado de un proceso “transparente y abierto” acorde a la Constitución.
El 1 de mayo, después de instalarse, los diputados convocaron a la primera sesión plenaria y destituyeron a los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al Fiscal General. La misma noche eligieron y juramentaron a los sucesores, entre ellos el abogado López Jerez como presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional.
Las remociones provocaron condenas en el país y de la comunidad internacional. El enviado especial de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, criticó fuertemente la decisión y recomendó restaurar la situación anterior.
Sin embargo, el presidente afirmó que los cambios son irreversibles” y en un discurso por su segundo año de mandato prometió que El Salvador no regresaría al pasado y exhortó a sus seguidores luchar contra el “aparato ideológico” controlado por grupos de la “oligarquía” que por décadas ha controlado los destinos del país.
En respuesta a las destituciones, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) retiró su asistencia a instituciones públicas como la Corte Suprema y la Fiscalía General, y señaló que esa ayuda se entregaría a organizaciones de la sociedad civil.
FUENTE: Associated Press
