El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ratificó este jueves que el Gobierno de su país buscará replicar la infraestructura carcelaria implementada por el Gobierno de El Salvador, a la que calificó de "eficiente y moderna", a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos.
En ese sentido, confirmó que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, visitó El Salvador en los últimos días para intercambiar experiencias sobre políticas públicas en materia de reforma de justicia y políticas penitenciarias.
Arana se reunió con su homólogo salvadoreño y otras autoridades de ese país, además de visitar prisiones y sostener reuniones sobre la infraestructura carcelaria que, según dijo Otárola, todos reconocen como "eficiente y moderna y que funciona".
"Queremos cárceles donde los presos no realicen llamadas extorsionadoras, donde no haya tráfico de drogas y donde no delincan quienes están presos", enfatizó.
Otárola ya había señalado el jueves pasado que el Gobierno peruano aspira a replicar el modelo de prisiones de El Salvador, cuya logística, dijo, "se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para albergar, sobre todo, a los presos más violentos y peligrosos".
Al Gobierno de Perú le preocupa los presos por delitos violentos
Según los datos proporcionados, en Perú hay casi 100.000 presos, la mitad de los cuales no tienen sentencia, y al Gobierno le "preocupa mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían continuar dirigiendo mensajes y organizaciones criminales para la extorsión desde la prisión".
Desde marzo de 2022, más de 75.100 personas han sido detenidas en El Salvador, acusadas de ser pandilleros o colaboradores, de las cuales más de 7.000 habrían salido en libertad condicional.
Entre las prisiones salvadoreñas, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ha sido especialmente destacado. Inaugurado el 31 de enero de 2022 para albergar a 40.000 pandilleros condenados o detenidos, la cárcel opera al 30 % de su capacidad y no registra muertes en su interior, según las autoridades del centro penitenciario en octubre de 2023, aunque se desconoce el número total de pandilleros que se encuentran en ella.
Este recinto penitenciario, que ha generado críticas de la oposición y de entidades nacionales e internacionales de derechos humanos, se construyó en el contexto del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que se ha convertido en la principal acción del Gobierno de Bukele contra las maras. EFE