Para la constructora italiana Salini Impregilo"sería increíble e irresponsable no conseguir una solución", al conflicto que amenaza con la paralización de las obras de la ampliación del Canal de Panamá.
A través de un comunicado, confirmó toda su buena voluntad y la del consorcio Grupo Unidos por el Canal GUPC (el consorcio de empresas entre Sacyr, Salini Impregilo, Jan de Nul y Cusa) del que forma parte, en la intención de buscar una solución para la continuación de las obras del Canal.
Según la constructora italiana, ACP "todavía tiene a su disposición todos los créditos de cientos de millones de dólares del plan financiero para contingencias e imprevistos, que aún no ha utilizado. Ahora es el momento”. Y agrega que GUPC no es accionista del canal, ésta es una infraestructura de propiedad del Estado de Panamá, los cuales cada año obtienen riquezas aprovechando su potencial económico.
"El consorcio de constructores no es una organización benéfica y no hay ninguna razón para hacerle pagar parte de los costos de realización del canal. Los constructores deben construir la obra y lo hicieron bien, superando todas las enormes dificultades técnicas; el cliente tiene que pagar los costos, incluidos los imprevistos, y financiar la ejecución de la obra, así lo estipula la ley", explicaron en la misiva.
De acuerdo a Salini Impregilo, "la amenaza de ACP" de poner en marcha el denominado plan B, romper el contrato con el consorcio y confiar la realización de las obras a otros, "además de ser ilegal y estar vetado por el contrato, es contrario a los intereses del Estado de Panamá y significa el despilfarro del dinero de los panameños".
Detallan que la alternativa a la realización de los trabajos por parte de otro contratista implicaría un retraso en las obras civiles como mínimo de tres años, teniendo en cuenta el tiempo necesario para que ese nuevo contratista construya un nuevo conjunto de compuertas.
La posición asumida por la ACP sólo se puede explicar por la inexperiencia de los administradores de la Autoridad del Canal en la realización de trabajos de tales dimensiones y complejidad.
Las declaraciones de la empresa italiana Salini Impregilo se dan luego que el administrador del Canal, Jorge Quijano manifestara este miércoles que es "imposible" aceptar dos propuestas multimillonarias presentadas por la empresa italiana para poner fin a la amenaza.
"No hay negociación fuera del contrato", expresó Quijano, cuando los periodistas le preguntaron sobre dos ofertas hechas desde Italia por la empresa Impregilo, uno de los tres contratistas de Grupo Unidos por el Canal, que ganó la licitación del proyecto.
Esas ofertas de Impregilo tienen lugar un día después de que la Autoridad del Canal propusiera al consorcio una inyección conjunta por 283 millones de dólares, de los cuales el grupo tendría que poner 100 millones con garantía, a fin de resolver los problemas de flujo de caja al menos por los próximos dos meses. Pero el consorcio, horas después de una reunión con la autoridad, pidió que su contraparte diese un anticipo de 400 millones de dólares.