Ya han pasado siete años desde aquel 19 de julio de 2007, donde familiares y pacientes víctimas del jarabe con dientilen glycol fueron golpeados por miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI), en los predios de la Presidencia de la República tras una protesta.
El dirigente del Comité por el derecho a la salud y la vida, Gabriel Pascual, expresó que continúan clamando justicia, ya que aseguró que la corrupción e intereses económicos “siguen reinando”.
Pascual señaló que el juez Raúl Vergara, determinó que las unidades del SPI implicados en la golpiza, no tienen responsabilidad en este acto, lo cual el dirigente califica como falso, puesto que hay varios testigos de la supuesta golpiza.
Para la próxima semana, los afectados del jarabe suministrado en el complejo de la Caja de Seguro Social (CSS), realizarán una serie de actividades en el marco de la conmemoración, las cuales serán anunciadas durante estos días.
El dirigente, recalcó que el grupo continuará su lucha hasta que logren justicia en los tribunales, mejor calidad en los servicios médicos y se les otorgue una pensión vitalicia y otras reclamaciones.