La presidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas, Edna Ramos, dio su opinión sobre el escándalo en el que ha estado envuelto el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, por la supuesta compra "cash" de un apartamento de un millón de dólares.
Ramos explicó que en investigaciones de este tipo se pueden manejar posibles tesis de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y corrupción, y que estos dos últimos delitos pueden presuponer la existencia de otros delitos preexistentes.
La abogada detalló que la Ley 59 de 1999 , que aborda los requerimientos sobre Declaración Patrimonial de servidores públicos, establece los mecanismo a seguir para una investigación en casos de corrupción administrativa, destacando que todo funcionario que tenga conocimiento de la existencia de algún delito está facultado para ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. En este caso, es a la Asamblea Nacional de Diputados a la que le corresponde iniciar el proceso de investigación.
Inicialmente debería darse un proceso de carácter administrativo a nivel de la Contraloría General de la República. Agreó que también puede ser investigado tras una denuncia que debe hacerse ante la Asamblea Nacional o éste Órgano iniciar una investigación de oficio, comenzando con una solicitud a la Contraloría General de la República, en base a la mencionada Ley.
FUENTE: Viola Guevara Gallimore
