Peticiones de defensa de Martinelli fueron negadas en audiencia de control

Esta vez, Oydén Ortega, magistrado fiscal del proceso fue quien solicitó la audiencia al juez de garantía, el magistrado Jerónimo Mejía para presentar una serie de hallazgos en las diligencias que realizó la semana pasada en el Registro Público.

Recién iniciada la audiencia, el magistrado Mejía declaró un receso para revisar los documentos presentados. Este proceso busca esclarecer la vinculación del expresidente Martinelli en un supuesto caso de corrupción en el contrato de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La audiencia reinició a las 3:34 p.m., Mejía explicó que el propósito de la diligencia de inspección ocular en el Registro Público es incorporar a la presente causa penal toda la información que mantiene la plataforma de dicha institución desde el año 2010 hasta la fecha; Leonardo Paul, parte de la defensa de Martinelli, solicitó que se declarara ilegal la documentación y que la diligencia fuera decretada como "prueba ilícita", basándose en el Artículo 314 del Código Procesal Penal y cuestionando la presencia en la misma, de Jazmín Jaén, quien forma parte de la oficina del fiscal que fue creada y aprobada por el Pleno de la CSJ, para llevar a cabo esta investigación, quien actuó como un agente de instrucción.

Estas dos peticiones fueron negadas por Mejía. "...entiendo el celo de la defensa, pero el Código Procesal Penal está sustentado en una filosofía mucho menos formalista...los documentos que estén en oficinas públicas, pueden ser requeridos a través de una simple petición, las entidades públicas están obligadas a entregarlos al personal de instrucción que haga esta solicitud...la defensa no sólo fue notificada, sino que participó de dicho acto...no entiendo cómo podríamos decir que se trata de una prueba ilícita", manifestó y ante la petición del magistrado fiscal, Oydén Ortega, de legalizar dicha documentación, Mejía aseguró que "no es necesario que yo decida eso".

En otro aspecto, el abogado Paul, solicitó que se permita entrevistar al diputado Fernando Carrillo, alegando que formó parte de la Junta Directiva del PAN; así como también a Vanesa Vicuña de Varela, Daphne R. de Humbert y tres personas más, por estar presuntamente vinculadas al caso; lo que fue negado por Ortega, quien dejó claro que en esta fase investigativa esto no corresponde, sino en la etapa de juicio; además, aclaró que estas personas no tuvieron participación directa en los contratos de comida deshidratada.

La defensa insistió en su argumento, agregando que también solicitaron entrevistar al exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli.

El juez de garantía, Jerónimo Mejía, solicitó se le entregara la resolución con fecha 01 de junio 2015, en la que se explica a la defensa la diligencia realizada en el Registro Público y otros temas, pero la documentación no fue entregada en el momento, por lo que se decretó un segundo receso.

Cuando finalmente se entregó la documentación, Mejía reiteró la negación de la petición de declarar ilegal la diligencia realizada; además, dejó claro que la defensa no tiene que informarle al fiscal las acciones que pretenda hacer, por lo que indicó que si quieren realizar entrevistas lo pueden hacer "por su cuenta" y no ir al Ministerio Público para solicitarlas.

Asimismo, indicó que si una persona le niega la entrevista a la defensa, la misma puede solicitar ayuda al juez de garantía para poder autorizar dicha diligencia. "...el fiscal decide qué diligencias se practican, el juez no puede meterse en eso...no hay razón jurídica para que se revoque la decisión del 1 de junio de 2015...esta decisión salvaguarda los derechos de la defensa", puntualizó.

En resumen, el juez de garantía negó las peticiones de la defensa en esta tercera audiencia y recomendó a la misma, realizar las entrevistas que a bien tengan planeadas de forma independiente y no a través de solicitudes en la CSJ ni en el Ministerio Público.

La audiencia culminó a las 6:20 p.m.

FUENTE: Irma Rodríguez Reyes/Marilyn Cejas de Miranda