La Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional, realizó este martes una audiencia correspondiente a la investigación que se adelantaba contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.
Durante la audiencia el abogado Ángel Gómez, defensa de Benavides solicitó la desaprehensión de las cuentas bancarias que había sido confiscadas, basado en que según consta en el Código Penal, "si no hay imputación y hay afectaciones de derechos como son los bienes, solicitamos que se le indique al Fiscal que haga la desaprehensión de las cuentas porque la misma quedaría en el limbo".
Héctor Valdés Carrasquilla, presidente de la Subcomisión de Garantías indicó que tras evaluar la solicitud, se decidió mantener la aprehensión de las mismas, debido a la gravedad de los delitos de enriquecimiento injustificado señalados por el Fiscal de la Causa, diputado Jorge Alberto Rosas.
Además se ordenó que Rosas remita toda la documentación recopilada durante su investigación al Ministerio Público, para que ésta entidad realice todos los trámites que correspondan al juzgamiento del exmagistrado.
Anterior a esto Rosas había notificado a los jueces de garantías que debido a la renuncia presentada por Benavides el pasado viernes 19 de junio, tanto la Subcomisión de Garantías, como la Fiscalía Especial y la Comisión de Credenciales "pierden competencia para juzgar a una persona que ya no es magistrado de la Corte Suprema de Justicia".
Señaló que a partir de la fecha corresponde poner en conocimiento de la entidad competente, en este caso al Ministerio Público, del avance de la investigación para que sean ellos los que continúen con el proceso de investigación, determinar si existe o no un delito, realizar la imputación de cargos y el juzgamiento de éste como un ciudadano común.
Cabe señalar que al exmagistrado Víctor Benavides estaba siendo investigado hasta el pasado viernes por la Asamblea Nacional, por la presunta comisión de delitos de venta de fallos, corrupción de funcionarios públicos y supuestos actos de pedofilia. En este último caso no se obtuvo evidencia de para realizar la imputación de cargos.
