Información recabada hace 10 años por autoridades panameñas y suministrada a la Drug Enforcement Administration (DEA), fue la que dio pie a la investigación que provocó que miembros de la familia Waked y empresas de su propiedad, fueran designadas como una organización dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico .
Así lo demuestra una carta remitida el pasado 11 de mayo por el director de la DEA en Panamá, Ronald Robinson, al Fiscal Primero de Drogas Markel Mora, donde detalla todo el proceso.
Robinson explica que todo inició en agosto de 2006 con la detención de Ariadna Hernández Lozada, quien venía en un vuelo procedente de México y tenía en su poder $217,295.00, siendo retenida en el Aeropuerto de Tocumen. En una diligencia posterior de entrega controlada de dinero, se detuvo a otras dos personas, María Gonzalez Reyes y Ali Abd Fares-Shabban.
Las autoridades panameñas realizaron un allanamiento en la casa de Fares-Shaaban, donde encontraron recibos por casi $10,000,000.00 para compañías, incluyendo del Grupo Wisa. Este reconoció que, en los últimos cinco años, se había dedicado a realizar depósitos de dinero, recibido de “mulas”, en múltiples cuentas de banco.
Por semana recibía un promedio de dos millones de dólares, a través de mulas que llegaban al Aeropuerto de Tocumen.
Además, Panamá entregó a la DEA información bancaria de los implicados en esta red, que permitió la formulación de cargos y la imposición de sanciones comerciales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunciadas el pasado 5 de mayo, las cuales han impedido que empresas de Grupo Waked realicen transacciones comerciales con entidades o empresas estadounidenses.
En la carta, Robinson reitera que tanto Abdul Waked como Nidal Waked, utilizaron múltiples esquemas para el lavado de dinero de cárteles de México (Sinaloa) y Colombia (Los Urabeños), en Panamá.
Robinson expresa al fiscal Mora, su disposición de apoyar en las investigaciones que lleva a cabo su despacho por este caso.
