Luis Contreras, uno de los sobrevivientes de la tragedia del bus 8B-06, dijo que la designación de la fiscal anticorrupción, Zuleyka Moore a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha sido una traición para las víctimas de ese hecho.
Según Contreras, la fiscal Moore quien llevó adelante las sumarias del caso negó en su momento una vista fiscal, la reconstrucción del caso, y la investigación de personas involucradas en el hecho, “cómo podemos tener una magistrada que nos negó la justicia”, expresó.
El abogado Víctor Martínez explicó que el expediente del caso registra una declaración del 27 de octubre de 2006 de una señora que señaló que su padre adquirió un bus que fue abonado el 16 de julio de 1999 y recibido 22 de febrero del año 2000 y a los dos días comenzó a presentar problemas.
Dice el abogado que en su declaración la señora dijo estar segura que el bus 8B-06 era el mismo bus que su papá había comprado. Martínez afirma que esa declaración pone en duda que el bus era nuevo, sin embargo no fue tomada en cuenta por Moore.
Además, recordó que Moore tampoco tomó en cuenta los dos componentes químicos que los peritos encontraron en el bus y que eran prohibidos en los Estados Unidos.
Mencionó también que en la vista fiscal, Moore señaló que como funcionarios a cargo de la investigación no dejaban de reconocer que el vehículo registraba una serie de defectos lo cual era de conocimiento de su propietario, sin embargo persistió en su posesión, siendo obvió que la inversión le era rentable.
Pero según el abogado, las declaraciones de funcionarios del Banco Nacional señalaban que el propietario había intentado regresar el bus, sin embargo se le dijo que lo recibían pero continuaba con la deuda, “no es que él se quedó con el bus porque le era rentable, estaba obligado a seguri trabajando para pagar la deuda”.
Reiteró que Moore negó en la vista fiscal la reconstrucción del caso planteando que la realización de la misma era victimizar a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos en el hecho. La decisión fue apelada y el Juez ordenó la ampliación de la investigación y cerca de 20 diligencias.
FUENTE: Catherine Perea