Ricardo Richards

Los abogados del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli anunciaron este domingo que presentarán una demanda por 120 millones de dólares para los funcionarios que integran la "organización criminal" que conspiró para mantener en prisión al exmandatario a través de un expediente "chimbo".

Alejandro Pérez indicó que promoverán la demanda contra funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Consejo de Seguridad, Policía Nacional, Presidencia, Relaciones Exteriores y Corte Suprema de Justicia "todos van a ser recogidos ya que es un hecho cierto e irrefutable que hubo una conspiración ilegal para mantener a Ricardo Martinelli preso en Estados Unidos y en Panamá, lo quieren condenar con base en un expediente chimbo".

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Pérez sostiene que la cuantía de la demanda obedece a que han causado mucho daño al expresidente y aseguró que aportarán las pruebas y testimonios de Jaime Agrazal, quien se retracto y dijo que había sido presionado para acusar directamente a Martinelli, así como a Roni Rodríguez y otros, además aportarán otros testimonios que seguirán recogiendo en los próximos días.

"Vamos a pedir una indemnización sustanciosa porque no es posible esta persecución política y la afectación a la libertad de Ricardo Martinelli", expresó el jurista, quien manifiesta que los magistrados van a querer condenarlo antes del 4 de enero cuando por medio de su posición de candidato a diputado, de ganar las elecciones primarias del Cambio Democrático, adquiera un fuero electoral.

El equipo legal de Ricardo Martinelli sostiene que la información que ha salido a la luz en los últimos días en torno al caso pinchazos a través de la audiencia contra los exsecretario del Consejo de Seguriad, Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, es parte de lo que han venido denunciando desde el 2014, y que los tribunales y fiscales "se han hecho de los oídos sordos y se han tapado los ojos".

Los abogados también piden protección tanto para Agrazal, como para Ortiz y el resto de las personas que han ofrecido pruebas testimoniales para desenmascarar el expediente armado tanto por el secretario del Consejo de Seguridad, Rolando López y la procurado Kenia Porcell entre otros servidores públicos.

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