La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) opinó que la modificación al Artículo 65 del Código Penal por parte de la Asamblea Nacional (AN) fue sorpresivo, inconsulto y desmedido.
Se trata del proyecto de Ley 91 que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, permitiendo que quienes sean condenados por delitos de narcotráfico, corrupción o blanqueo de capitales, con penas que no superen los cinco años de cárcel, sean beneficiados con trabajo comunitario en entidades públicas.
En ese sentido, el gremio solicitó al Ejecutivo ser consecuente con lo que la sociedad reclama.
La iniciativa, presentada por el diputado independiente Gabriel Silva, tiene por objetivo endurecer las penas de prisión y la imprescriptibilidad para delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Sin embargo, al conocerse estas modificaciones, Silva y otros sectores han pedido el veto del proyecto.
Ya el mandatario de la República, Laurentino Cortizo, se pronunció al respecto y aseguró que no sancionará ningún proyecto de ley que beneficie la criminalidad.