Pleno de la Asamblea Nacional

Nimay González

El Artículo 5 del proyecto de Ley Ley 287, que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del coronavirus (COVID-19), generó opiniones diversas entre los diputados, durante la discusión en segundo debate este martes en sesiones extraordinarias.

Publicidad

El diputado independiente Gabriel Silva, cuestionó el veto hecho por el Ejecutivo a este artículo, así como la ausencia de representantes del Gobierno o del Ministerio de Economía y Finanzas en el Pleno, para que explicaran la sustentación de dicho veto.

El Artículo 5 señala que el bono solidario que recibirán los trabajadores formales a los cuales se les ha suspendido provisionalmente su contrato laboral o han sido cesados de su relación formal, o los trabajadores informales que se han visto afectados por la crisis causada por la pandemia del COVID-19, debe ser en razón del costo de la Canasta Básica familiar.

“Hoy el bono es de 100 dólares pero por qué no lo podemos subir a razón de la Canasta Básica si hemos pedido miles de millones de dólares préstamos y en líneas de crédito, entonces yo creo que los diputados para poder tomar una decisión correcta en esta discusión del proyecto de Ley 287, el veto que enviaron, es importante tener esa información de primera mano, ya sea del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o de la Presidencia, también hay muchas preguntas que hay que hacer sobre el mismo veto y algunas recomendaciones jurídicas que no se entienden”, señaló Silva.

Por su parte, el diputado Leandro Ávila indicó que el Órgano Ejecutivo es el que está facultado para establecer el montos del bono solidario, al ser quien maneja y ejecuta el Presupuesto General del Estado.

Al mismo tiempo sustentó que según establece la Constitución de República, se prohíbe a la Asamblea reconocer a cargo del tesoro público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes, así como la prohibición de que el Órgano Legislativo ordenar o autorizar partidas y programas no previsto en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia declarados expresamente por él Órgano Ejecutivo.

Publicidad