Hospital Integrado Panamá Solidario

Nimay González

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), cuestionó este viernes la decisión de la Contraloría General de la República de refrendar el contrato del Hospital Modular, enfatizando que con esto “el Contralor incumple la Ley y permite que otros no la cumplan”.

Indica que al día siguiente de hacer pública su decisión, la Contraloría le remitió a la fundación su respuesta con relación a una carta que fue enviada por la Fundación, y en la cual recomendaba el no refrendo del contrato, ya que sería extemporáneo, dado que la entrega de la orden de proceder sin refrendo no podría ser subsanada, y no es posible la presentación de cuentas sin un contrato refrendado.

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Detalla en un comunicado, que la respuesta de la Contraloría frente a esta solicitud, fue: “a pesar de que coincidamos en que lo más conveniente en una contratación es que el refrendo de la Contraloría sea emitido de manera previa existen innumerables precedentes de Contralores anteriores de refrendos posteriores a la adquisición del objeto contractual. Siendo la facultad constitucional de refrendar un acto potestativo de los Contralores o sus delegados y emitiendo conforme a consideraciones propias de cada caso en particular, no podemos demeritar las apreciaciones de mis antecesores”.

Frente a esta respuesta, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señala que este criterio constituye en esencia la aplicación de la “costumbre contra legem“, que no es válida en el derecho panameño, además de que se haya hecho antes, no legitima que se vuelva a hacer. 

“Este tipo de costumbre, también denominada derogatoria, no es aceptada en nuestro ordenamiento por ir contra lo dispuesto en las leyes. Si bien la Constitución Política de la República de Panamá, en su Artículo 280, acápite 2, le otorga a la Contraloría General de la República la responsabilidad de fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, nuestro criterio jurídico difiere de el del Contralor, ya que la discrecionalidad en la aplicación posterior o anterior que contiene la norma constitucional sólo es aplicable cuando no hay una ley específica. El artículo 100 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente al momento del acto, prohíbe expresamente el inicio de la construcción de cualquier tipo de infraestructura sin el refrendo respectivo. Con este refrendo, el Contralor incumple la Ley y permite que otros no la cumplan”, enfatiza la Fundación.

A esto se suma lo expresado por el Procurador de la Administración quien publicó el mismo día del refrendo una nota en que señalaba omisiones en el proceso de adquisición del hospital que tienen la posibilidad de constituirse en irregularidades con posibles consecuencias administrativas y penales para los funcionarios involucrados.

“Es lamentable que la Contraloría General de la República parece entender su rol de fiscalización en este caso, circunscrito únicamente a lo relacionado con la revisión de precios y costos. Particularmente doloroso para la confianza ciudadana es que lo haga usando el término transparencia sin aplicar su definición tal como está en la Ley 6 del 22 de enero de 2002 y que implica los criterios de sustentación y la conducta de los funcionarios públicos”, puntualiza.

Cabe mencionar que la Contraloría comunicó el pasado 3 septiembre, lo cual sustentó en que el mismo es justo y razonable, pues el precio acordado entre las partes está por debajo del rango medio entre el mínimo determinado por esa entidad y el máximo posible en la industria de la construcción.

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