El proyecto tiene un avance del 65%

Nimay González

El director de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS), Enrique Lau, dio a conocer este jueves que en medio de la situación legal con la constructora española FCC por el contrato de la Ciudad de la Salud, le corresponderá a la empresa cubrir los gastos ocasionados por el proceso que presentó ante el Tribunal Internacional de Arbitraje.

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Lau reiteró que con esta demanda de arbitraje de urgencia la empresa FCC pretendía que existiera un cierto grado de blindaje a la fianza de cumplimiento por el tiempo que dure el proceso, el que podría ser de dos años o tres años.

“Nosotros acudimos a ese arbitraje y hemos arribado a una opinión que todavía no hemos recibido formalmente el laudo arbitral, pero puedo adelantar que no le concedió su pretensión de que fuera durante todo el periodo que dura el proceso, pero sí le concedió 90 días de blindaje, de inhabilitación de la caja para poder hacer uso o invocar la fianza de cumplimiento por 90 días después de establecido el Tribunal Arbitral de otra demanda que nos pusieron por 120 millones de dólares. También el árbitro los condena a que ellos cubran los costos que ocasionó el proceso y ellos deben extender la fianza de cumplimiento por 6 meses más”, detalló Lau.

Reiteró que continuarán utilizando todos los recursos que les dan las leyes de la República para poder poner al servicio de la población todas las instalaciones de la Ciudad Hospitalaria.

Cabe mencionar que la Ciudad de la Salud se comenzó a construir en el año 2012 para ser entregado en el 2015, sin embargo, a la fecha el proyecto solo lleva un avance del 65%.

El 25 de agosto la empresa le envió una carta a la CSS donde le pedía la disolución del contrato de construcción de este proyecto y con eso dar por terminados sus compromisos con la CSS, aduciendo causas de fuerza mayor, lo cual fue rechazado por la entidad, debido a que esto dejaría al país desprotegido de cualquier reclamación.

Además FCC interpuso una demanda en el Tribunal Internacional de Arbitraje, donde a través de un procedimiento de emergencia pretende evitar que la CSS pudiera en algún momento ejercer la fianza de cumplimiento, la cual es de unos 55 millones de dólares, mientras que la fianza de anticipo asciende a cerca de 38 millones.

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